Nadie duda de las intenciones del Gobierno para luchar contra la inseguridad ciudadana. Está claro que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete escucharon los gritos de la ciudadanía que es asaltada, cogoteada y extorsionada a diario. Sin embargo, lo que han propuesto para salir al frente del problema: la creación de la Policía de Orden y Seguridad (POLORSEG), no ha generado consenso por la forma cómo ha sido planteado y el fondo que, por lo menos en el papel, carece de un elemento que se le reclama a toda gestión gubernamental: efectividad.
A los reclamos ciudadanos expresados en la última encuesta de Ipsos (44% esperaba que se priorice la lucha contra la delincuencia en el mensaje de Fiestas Patrias), se suma la data actualizada de la Policía Nacional. Desde 2020, las bajas por diferentes motivos (pase al retiro, medidas disciplinarias o fallecidos por COVID) sumaron 17,253. En 2022 se cerró con 124,395 policías en servicio efectivo, de 135,422 que se tenían en 2020.
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El ministro del Interior, Vicente Romero, estuvo ayer en el Congreso acompañando al premier Alberto Otárola a socializar esta iniciativa del Gobierno con los flamantes integrantes de la nueva Mesa Directiva. En su visita, y para defender la propuesta de la Policía de Orden y Seguridad, el ministro recordó que “anteriormente quienes eran los profesionales de la prevención era la Guardia Civil. Es exactamente lo que queremos hacer hoy: recuperar las calles ante la alta violencia y criminalidad que hay en el Perú. Hay una necesidad muy fuerte de nuestra población que reclama más policías en todo el país y creo que esta medida que estamos tomando no es apresurada, es consensuada, técnica, con acompañamiento y experiencias en el extranjero que están dando muy buenos resultados”.
Romero también indicó que “no es una Policía diferente, sino que está dentro de su misma estructura. Es una oferta, con un contrato de tres años, que estamos haciendo a todos los jóvenes en el país y especialmente a los licenciados que salen de las Fuerzas Armadas”. El ministro espera que esta iniciativa sea aprobada lo más pronto posible por el Congreso.
Pero esta propuesta debe ser debatida a profundidad porque muchas preguntas quedan sueltas. ¿Cuánto tiempo se le preparará a los nuevos agentes de la POLORSEG? ¿El Estado les dará armas de fuego? ¿Qué filtros se tendrán para evitar infiltraciones de organizaciones criminales? ¿Las actuales escuelas de suboficiales de la PNP tienen la infraestructura y el personal para preparar a los nuevos agentes?
Esta iniciativa que puede ver la luz, según estimaciones de este diario, recién a finales de 2024, ¿será la única respuesta del Ejecutivo para respaldar la labor de los más de 124 mil policías en su lucha contra la delincuencia que en los últimos meses también tiene como protagonista al Tren de Aragua?
MARIANO GONZÁLEZ: ‘No estamos para experimentos’
Considero que es una iniciativa cargada de la mejor voluntad y buenas intenciones promovida desde el Mininter, pero creo que difiere de la idea principal.
Esta era que los licenciados que habían hecho servicio militar durante dos años, puedan postular a la Policía y con eso ir cerrando la brecha.
Generar una categoría paralela creo que no contribuye a mejorar la realidad y afecta directamente a la moral de la PNP.
El Congreso tiene una responsabilidad muy grande y debe promover el debate desde el punto de vista técnico, porque así como está, la cura podría ser peor que la enfermedad.
Con todo respeto, no estamos para experimentos; se debe apostar por la institucionalidad de la Policía.
CARLOS MORÁN: ‘Necesitamos acciones inmediatas’
Aplaudo todas las iniciativas, pero no debemos quedarnos solo en la parte anecdótica de plantear una nueva legislación.
Lo que necesitamos son acciones inmediatas y la pelota está en la cancha del Mininter. Reconozco las capacidades del ministro Romero y del comandante general Angulo. Necesitamos gestión y lo inmediato es ejecutar bien el presupuesto que ha sido asignado este año, que debería gastarse con eficiencia.
Un punto adicional es que tenemos ad portas un fenómeno de El Niño que va a golpear las instituciones públicas.
Debería declararse en emergencia las comisarías, el abastecimiento y equipamiento de la PNP. Estamos viendo cómo hay una merma en la capacidad logística.
