La Fiscalía busca en Montesinos esclarecer el caso Joaquín Ramírez

Desde junio de 2001, el oscuro exasesor Vladimiro Montesinos purga prisión por diferentes delitos contra el Estado. Pero aún no todos sus secretos han sido revelados, y eso lo sabe bien el fiscal que investiga a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular.

Es por eso que Wilson Salazar, fiscal contra el lavado de activos, busca en Montesinos las respuestas para esclarecer el verdadero papel que cumplió la Universidad Alas Peruanas en el supuesto blanqueo de dinero de Ramírez en favor de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como sostiene el Ministerio Público.

En su formalización y continuación de la investigación preparatoria de julio pasado, el fiscal Wilson Salazar indicó que realizaría una serie de diligencias para corroborar su hipótesis, una de ellas es el testimonio del exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos.

EL FACTOR ESCOBAR

En la década de los noventa, los magistrados de nuestro país respondían a los intereses del fujimorismo. Percy Escobar era juez de derecho público y, según las sentencias que lo condenaron por asociación ilícita, “formó parte de la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos”.

Desde 1997, Escobar se hizo conocido por emitir resoluciones, por ejemplo, en contra del empresario televisivo Baruch Ivcher. Una resolución de Escobar le quitó el canal Frecuencia Latina al citado broadcaster y se lo entregó a los hermanos Mendel y Samuel Winter, amigos de Montesinos.

Otro fallo de Escobar es el que elaboró en favor de la empresa Luccheti en 1998. Las investigaciones posteriores comprobaron que esta resolución se realizó en coordinación con el ‘Doc’ y en contra de la Municipalidad de Lima que buscaba parar la construcción de una planta industrial en Los Pantanos de Villa, en el distrito de Chorrillos.

El juzgado de derecho público, creado por Montesinos y que presidía Escobar, también favoreció a la Universidad Alas Peruanas.

En 1999, el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) negó la autorización para el funcionamiento de esa universidad.

Fidel Ramírez, flamante rector, interpuso una acción de amparo contra el Conafu, y Percy Escobar en el Poder Judicial le dio la razón: autorizó a la Universidad Alas Peruanas abrir filiales en todo el país. Año y medio después, el magistrado fue a dar a la cárcel por ser parte del núcleo de Vladimiro Montesinos.

El fiscal Salazar, al pedir la declaración del exasesor del fujimorismo, busca determinar los nexos que mantuvo con el exjuez Escobar y si estos influenciaron en favor de la Universidad Alas Peruanas. Esta diligencia se realizaría en los próximos días.

Pero otro personaje que también puede darle luces al fiscal sobre el inicio de la prosperidad de la casa de estudios comandada por Fidel Ramírez es el expresidente Alberto Fujimori, quien también fue citado por Salazar. Aún no se confirma la fecha para este interrogatorio.

El exjuez Escobar también fue citado a la Fiscalía de Lavado de Activos. Hoy en este despacho declarará el actual presidente ejecutivo de Alas Peruanas, José Castillo. A las 9:00 a.m. estará frente al fiscal Wilson Salazar.

RECUPERAN DINERO

Perú21 conversó con José Castillo antes de su declaración en la Fiscalía. Señaló que es la primera vez, desde que se inició la investigación, que el Ministerio Público llama a declarar a un representante de la universidad.

“La UAP ha tomado tres acciones. La primera es hacer una auditoría integral del periodo 2010 a 2017, donde se pudo haber realizado un fraude a la universidad. Después hemos contratado al estudio de abogados Angulo Portocarrero. Y tercero hemos nombrado un oficial de cumplimiento para empezar a transparentar nuestros procesos”, señaló Castillo.

El presidente ejecutivo dijo también que no han encontrado ninguna vinculación entre la universidad, Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular.

“Parte del dinero que se le prestó a Joaquín Ramírez ha sido recuperado en mi gestión. Él no ha querido sentarse a negociar un acuerdo de pagos. Hemos recuperado S/4 millones compensando con servicios de alquileres que brinda Joaquín a la UAP”, señaló Castillo a este diario.

JOAQUÍN Y EL NEGOCIO UNIVERSITARIO

El fiscal Wilson Salazar también ha pedido la declaración de Luis Gonzales Cacho, expresidente de la comisión organizadora de la universidad Juan Pablo II.

Esta casa de estudios es un emprendimiento del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Hasta el momento, Juan Pablo II no ha conseguido el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).

La universidad de Ramírez no cumplió con las condiciones básicas de calidad que pide la Sunedu. Sin embargo, se comprometió a resolver los aspectos observados en un plan de adecuación. Este plan, después de una evaluación, tendrá que ser aprobado por la superintendencia.

El jueves 19, a las 9:00 a.m., Luis Gonzales tendrá que acudir a la citación de la Fiscalía de Lavado de Activos.

La universidad Juan Pablo II presentó su solicitud de licenciamiento el 1 de febrero de 2017. Ocho meses después, el 23 de octubre de 2017, la Sunedu recibió una oposición a dicha solicitud.

Nancy Gallegos, prima de Joaquín Ramírez, decidió advertir a la Sunedu sobre el uso de documentos falsos y también solicitó que se “deje sin efecto” el licenciamiento de la universidad.

Gallegos denunció a Ramírez por falsificación de documentos, fraude en administración de personas jurídicas y estafa. Mientras tanto, Juan Pablo II sigue operando.

TENGA EN CUENTA:

* El abogado de Joaquín Ramírez, José Luis Castillo, indicó a este diario que “no tiene mayor fundamento alguno” la hipótesis fiscal. “Joaquín Ramírez nunca conoció a Montesinos o Escobar”, dijo.

* El fiscal Salazar formalizó investigación preparatoria contra Ramírez por lavado de activos proveniente del fraude en la administración de personas jurídicas.

* “No hemos aportado a ningún partido político”, dijo el vocero de la UAP.