Bienvenido Ramírez (BR): “Lo que yo he conseguido para Tumbes, lo conseguí en menos de una semana: me dieron las obras, las direcciones regionales de mi región (Tumbes), puse al director del proyecto Puyando, de Agroideas, estoy poniendo el prefecto de Tumbes, estoy poniendo Senasa. Puse al director de EsSalud”
Moisés Mamani: ¿A quién se refiere?
BR: “PPK. Kenji te lleva a almorzar a Palacio (de Gobierno). A nosotros nos llevaron al MEF y nos pusieron a una persona exclusiva para que maneje nuestras obras, y esa persona coordina con Alexei, quien te dice ‘acá está tu proyecto viable, listo, entran ahora’. Diez obras nos han dado. PPK le dijo a Carlos (Bruce): “dale las obras a Bienvenido. Le cierras el caño a los 61 y les das a todos los Avengers”. ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Bruce? El manejo político en mi región lo tengo yo, por el prefecto”.
Este es un extracto del vídeo presentado por la bancada de Fuerza Popular que hoy denunció, en conferencia de prensa, la presunta compra de votos de congresistas por parte del Gobierno para que no apoyen la vacancia presidencial contra el presidente Pedro Pablo Kuckzynski, este jueves.
Perú21 consultó a abogados penalistas sobre los delitos bajo los cuales la Fiscalía podría investigar eventualmente al mencionado legislador.
Cohecho pasivo impropio
Para Iván Meini, penalista y ex procurador ad hoc anticorrupción, una eventual investigación al congresista Ramírez podría darse por el delito de cohecho pasivo. El ilícito se configura cuando un funcionario público acepta favores, promesas para hacer algo –o dejar de hacerlo- que no es propio de su función.
En este caso, el congresista Ramírez “habría determinado el sentido de un voto a cambio de algo indebido que son estas prebendas (obras, direcciones regionales) que le habrían dado. Ahí se da el cohecho pasivo porque lo comete el congresista como funcionario público”, señaló Meini.
Este delito está tipificado en el artículo 394 del Código Penal y la sanción va entre 4 y 6 años de pena privativa de libertad.
Por su parte, el penalista Carlos Caro, señaló que “el concepto de dádiva o promesa se refiere a algo que tiene contenido patrimonial sin importar si el origen es público o privado. Se puede cometer corrupción con dinero del Estado”. Además, dijo que no interesa si la promesa es o no seria, así que resulta irrelevante si los implicados luego aleguen que ‘estaban bromeando o no sabían’.
El abogado agregó que las funciones como votar a favor o en contra de la vacancia no pueden estar sujetas a negociación. “Lo público no está en venta”, enfatizó Caro.
Cohecho activo
El delito se configura al ofrecer favores, promesas a un servidor público a cambio de que realice u omita actos en violación de sus obligaciones (artículo 397 del Código Penal). La pena va entre 4 y 6 años de prisión.
Del video también se desprendería que el congresista Ramírez estaría actuando de ‘intermediario’ entre el Gobierno y el congresista Mamani, a fin de convencer a este último para que se alinee en contra de la vacancia presidencial.
En ese escenario, “se estaría cometiendo cohecho activo porque (Bienvenido Ramírez) estaría ofreciendo a congresistas (como Mamani) algo indebido para que actúen en contra de sus funciones”, indicó Meini a Perú21.
En esa línea, también podría configurarse el delito por parte de aquella persona del Ejecutivo que habría ‘comprado’ el voto de Bienvenido Ramírez, a cambio de obras.