Keiko Fujimori seguirá en prisión por posible obstaculización del caso

Por: Fabiana Sánchez di Natale / Alvaro Reyes Quinteros 

La resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que con tantas ansias esperaba Keiko Fujimori terminó siendo desalentadora para la lideresa de Fuerza Popular: confirmó la orden de prisión preventiva por 36 meses que pesaba sobre ella desde fines de octubre del año pasado.

Por unanimidad, el tribunal que preside el juez César Sahuanay consideró que se ha cumplido con los requisitos para sustentar la detención de la ex candidata presidencial.

En principio, concluyó que existe “sospecha grave” de que Fujimori incurrió en el delito de lavado de activos. Para señalar ello, consignó lo declarado por el testigo protegido N° 2017-55-3, quien narró cómo se ‘pitufearon’ los aportes de campaña en 2011 y cómo Fujimori ordenó que se busque a “falsos aportantes” en la región San Martín para que figuren como donantes en los registros que se entregaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este testigo explicó con lujo de detalles el procedimiento que se siguió para fraccionar el dinero que ya había ingresado por otras fuentes al partido Fuerza 2011. De acuerdo con su versión, el legislador fujimorista Rolando Reátegui participó en esas acciones.

Los jueces, en ese sentido, recogieron las declaraciones de las personas que señalaron a la Fiscalía que, pese a figurar como aportantes, no habían hecho ningún tipo de donación a la campaña.

Los recursos económicos usados para ese fin, de acuerdo con el fiscal José Domingo Pérez, fueron entregados por la empresa Odebrecht. Los magistrados acogieron las manifestaciones brindadas por ex directivos de la empresa brasileña, quienes confirmaron que se entregó dinero a la agrupación fujimorista para financiar sus actividades proselitistas de aquel año.

Incluso, la sala respaldó la hipótesis fiscal sobre el objetivo que habría tenido la constructora al momento de entregar el dinero.

“Es perfectamente posible concluir que Odebrecht buscaba ser contratado en licitaciones si el candidato al que apoyaba económicamente en la campaña presidencial ganaba las elecciones, y ello no es una inferencia sino una apreciación directa contenida del plan del soborno de la empresa”, explicaron.

EL PELIGRO PROCESAL

Una de las imputaciones que le rechazó la sala al fiscal Pérez fue el peligro de fuga.

A su juicio, Keiko Fujimori sí ha acreditado arraigo en el país. Sin embargo, consideró que dada la conducta de la investigada, sí puede poner en riesgo la investigación que se le sigue.

Incluso, detectó tres niveles de obstrucción: la búsqueda de “falsos aportantes” en la región San Martín; actos de presión y amenaza que se habrían ejercido sobre los supuestos donantes para que mantengan sus versiones falsas; y el ofrecimiento de dádivas y pago de dinero a presuntos aportantes para que indiquen a la Fiscalía que sí aportaron a la campaña.

La obstaculización del caso es el mismo argumento que usan los magistrados para rechazar la apelación del ex secretario de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama. En la misma resolución, se señala que Yoshiyama no ha colaborado con la justicia porque en el allanamiento a su vivienda no abrió la puerta a los fiscales y porque tampoco acudió a la audiencia para evaluar su prisión preventiva.

El ex dirigente fujimorista se encuentra en Estados Unidos.

"INJUSTA DECISIÓN"

Tras conocer la decisión de los jueces, Keiko Fujimori manifestó desde Twitter su disconformidad con el resultado.

“Con profunda decepción he recibido la injusta resolución de rechazo a mi apelación basada únicamente en el testimonio no corroborado de un testigo protegido que ha mentido reiteradamente”, tuiteó.

“Tengo fe en que con el paso del tiempo este será solo un capítulo triste y doloroso que terminará pronto y del cual voy a salir fortalecida para trabajar por mi país”, agregó.

Su abogada , Giuliana Loza, adelantó ayer que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir la detención de su patrocinada. “Esperamos se enmiende el pronunciamiento injusto y desproporcional”, declaró.

FUERZA POPULAR CULPA A LA "PRESIÓN POLÍTICA"

Luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones declarara infundada la apelación presentada por la lideresa de Fuerza Popular (FP), legisladores de su bancada cuestionaron dicha decisión.

Milagros Salazar y César Segura señalaron que detrás de esta decisión hay una “presión mediática” que esperan se corrija en el Tribunal Constitucional (TC).

“Creo que la presión mediática ha influido en esta decisión y esperemos que el TC corrija este error”, señaló el parlamentario.

En tanto, la legisladora sostuvo que la lideresa de su partido debe afrontar las investigaciones en libertad, pues “ella no se ha escondido, ni se ha escapado, siempre ha dado la cara”.

La fujimorista también culpó al presidente Martín Vizcarra de estar detrás de la decisión, pues afirmó que “quiere evitar que lo investiguen y que se descubra su responsabilidad en el caso Chinchero”.

No obstante, para congresistas como Gloria Montenegro (APP) y Yonhy Lescano (AP), se ha tomado una decisión “de acuerdo con las pruebas que se tienen”.

“No podemos bajar la guardia frente a la corrupción. Ha sido una decisión acorde acertada”, dijo el legislador de Acción Popular.

Montenegro, por su parte, refirió en Perú21.TV que “este es un camino en la lucha para decirle no a la corrupción”. También destacó que no cree que exista abuso de la prisión preventiva.

TENGA EN CUENTA

- La Sala Penal Nacional revocó las órdenes de prisión que se dictaron a Vicente Silva Checa, sindicado de ser “asesor en las sombras” de Keiko Fujimori, y a la ex asesora Ana Herz. Ambos afrontarán las investigaciones en libertad.

- Confirmó las detenciones del ex asesor Pier Figari y del ex tesorero de Fuerza Popular Luis Alberto Mejía Lecca. También confirmó la orden de prisión del prófugo Giancarlo Bertini, quien fue detenido en Italia el pasado jueves.

- Fuentes fiscales indicaron que el fiscal Pérez evalúa interponer una casación por Silva Checa y Ana Herz.