En carrera. Keiko Fujimori tentará por tercera vez la Presidencia de la República. (GEC)
En carrera. Keiko Fujimori tentará por tercera vez la Presidencia de la República. (GEC)

En Fuerza Popular (FP) respiraron aliviados cuando el juez Víctor Zúñiga resolvió que el partido político no sería suspendido de sus actividades, como lo pidió el fiscal José Domingo Pérez. “Esta decisión fortalece la democracia y nos permite participar en igualdad de condiciones”, tuiteó la lideresa de FP, , el 28 de diciembre del año pasado, en clara referencia a su candidatura presidencial de 2021.

En lugar de esa medida, Zúñiga ordenó la vigilancia judicial y obligó a la organización política a entregar dos reportes económicos mensuales durante dos años para conocer cómo pagará sus deudas y cómo financiará su campaña proselitista.

La conclusión a la que llegó el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria contra el Crimen Organizado es que el resto de militantes no tenía por qué perjudicarse por el despliegue de la red criminal que habría encabezado Fujimori Higuchi al interior del partido naranja.

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Sin embargo, si bien la vigilancia no es definitiva como una suspensión, tampoco es algo leve.

Para la penalista Romy Chang, el magistrado tomó esa postura porque considera que “el partido es un riesgo para la sociedad”.

“Lo que dice el juez con su resolución es que hay elementos que sustentan la investigación y por eso es necesario hacer un seguimiento”, dijo a Perú21.

Chang, asimismo, respaldó el fallo y consideró que la solicitud de Pérez era “desproporcionada” porque FP ha demostrado que cumplió actividades políticas.

“Queda claro que el fujimorismo ha puesto congresistas; es decir, ha cumplido con el objetivo para lo que constituyó el partido, el lavado de activos es una actividad concreta”, sostuvo.

El exfiscal Avelino Guillén también señaló que lo que el juez Zúñiga ha confirmado son “sus sospechas” sobre la ilegalidad con la que habría actuado Fujimori en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

“El control que establece el juez es tan detallista que denota estar convencido del ilegal desempeño de ese partido”, expresó a este diario.

Según Guillén, además, Zúñiga evitó suspender a FP debido a que ya está en carrera electoral. “Los candidatos del partido ya están inscritos; de haberse aplicado la suspensión, se podría alegar que se recortan los derechos de quienes podrían respaldar a esta opción electoral”, argumentó.

Las evidencias sobre los aportes ilegales de Odebrecht y otras empresas a las campañas fujimoristas son sólidas. El uso de aportantes falsos para no declarar esos ingresos también son concretos. El fiscal Pérez inició su investigación en 2017 y tras tres años aún no presenta acusación.

Fujimori Higuchi intentará por tercera vez alcanzar la Presidencia, aunque esta vez disminuida por un proceso judicial que no acaba.

Tenga en cuenta

-El fiscal José Domingo Pérez apelará la decisión judicial para insistir con la suspensión de actividades de Fuerza Popular.

-De acuerdo a la investigación, la campaña fujimorista de 2011 recibió un millón de dólares en aportes de la empresa Odebrecht que no fueron declarados.