El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró que no aceptará presiones, luego de que Sachi Fujimori presentara una acción de hábeas corpus para dejar sin efecto la prisión preventiva de 36 meses que se le impuso a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
"Ese expediente tiene un trámite interno y oportunamente, si los magistrados consideramos que el tema debe pasar a conocimiento del pleno, se dará el trámite respectivo. Una vez que llegue al pleno, se señala fecha para la vista de la causa, escucha a las partes y recién resuelve", refirió sin precisar cuándo será evaluado el hábeas corpus de Keiko Fujimori.
"Vamos a resolver con autonomía e independencia y no vamos a aceptar presiones de ninguna naturaleza. A mí, en particular, cada vez que hay casos de trascendencia, me pintan que estoy en un lado o en otro. Me tiene sin cuidado. Soy un profesional independiente, autónomo, no estoy ligado a ninguna fuerza política y voy a resolver de acuerdo a la Constitución y a mi conciencia", agregó.
Keiko Fujimori permanece detenida en el penal Anexo de Mujeres, en Chorrillos, desde el 31 de octubre de 2018, cuando se dictó en su contra 36 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht.
Actualmente, la lideresa de Fuerza Popular está a la espera que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lleve a cabo la audiencia para evaluar un recurso de casación que planteó su defensa para anular la medida restrictiva en su contra y quedar en libertad.
De otro lado, Ernesto Blume afirmó que no puede obligarse al Tribunal Constitucional (TC) a participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, luego de anunciar que el pleno acordara dicha medida.
"No puede institucionalmente obligarse al tribunal a participar en una comisión de reforma que va a desembocar en el planteamiento de políticas que a la larga pueden desembocar en planteamientos de reformas constitucionales que podrían llegar al tribunal", señaló.
Refirió que dicha labor en el Consejo es incompatible con el rol que la Carta Magna le asigna al Tribunal Constitucional, pues algunas propuestas podrían derivar en reformas constitucionales que podrían llegar a la máxima instancia.
"¿Cómo el Tribunal Constitucional, que es el que controla la constitucionalidad de las leyes, podía intervenir en una comisión que al final podía derivar en normas que pueden ser impugnadas ante él mismo? Estaríamos en una situación de juez y parte", remarcó.
"No le podemos garantizar al país autonomía e independencia si estamos participando en este proceso […] Estamos presentando un proyecto de ley al Congreso en el cual estamos planteando la derogatoria del artículo pertinente de la Ley 30942, que establece que el presidente del tribunal integra dicho Consejo", subrayó.