Keiko Fujimori se enteró ayer de que será investigada por un nuevo delito, dos días antes de realizarse la audiencia en la que podría definirse su libertad. Además de lavado de activos y organización criminal por el caso cocteles, la Fiscalía le imputa ahora el delito de obstrucción a la justicia.
El fiscal José Domingo Pérez tomó esta decisión tras analizar la documentación que incautó durante el allanamiento al estudio Oré Guardia, ocurrido el 20 de noviembre.
Para Pérez, Fujimori dispuso de “una red de abogados litigantes” con el fin de “favorecer los intereses de la organización (criminal) en los procesos judiciales”.
Entre los documentos que halló se encontraban nueve recibos por honorarios del estudio Oré Guardia girados en favor del detenido Vicente Silva Checa –sindicado como el “asesor en la sombra” de la ex candidata presidencial– bajo el concepto de “servicios prestados a su empresa”.
Silva Checa había negado en reiteradas oportunidades haber sido asesor de Fujimori. Pero con estas pruebas su versión se caería, mientras que la hipótesis del fiscal se fortalece.
En la resolución fiscal, a la que accedió Perú21, se consignan también las manifestaciones de testigos protegidos que señalaron haber presenciado cómo abogados de Fuerza Popular inducían a los presuntos aportantes a las campañas presidenciales de Fujimori a que cambien su versión cuando fueran interrogados por el Ministerio Público.
Se incluyó, además, lo dicho por Erick Matto Monge, quien contó que el abogado Edward García y Jorge Yoshiyama le indicaron la versión que debía manifestar.
“García y Yoshiyama me dijeron que debía manifestar que sí aporté y que por ningún motivo diga que no aporté, y que no me preocupara que esta investigación se iba a archivar”, expresó Matto Monge en su testimonio.
Teniendo estos elementos, el fiscal Pérez decidió incluir como investigados a los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Danae Calderón Castro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Giuliana Loza.
El argumento es que estos profesionales han “obstaculizado la acción de la justicia” al inducir a los presuntos aportantes de campaña a que mintieran en sus respectivas manifestaciones.
Y la orden habría venido de la propia lideresa fujimorista. “Se imputa a Keiko Fujimori instigar a los abogados a hacer mediante el uso de la amenaza que se impida u obstaculice se preste un testimonio”, se lee entre los argumentos de Pérez.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, rechazó los cargos que se le atribuyen y aseguró que la Fiscalía busca “afectar el derecho a la defensa” de su patrocinada. “¿Acaso quieren callarme, quieren que no participe en la audiencia del sábado?”, cuestionó.