La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que tras el silencio del Poder Ejecutivo y del presidente Pedro Castillo tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, estamos frente a un “pro terrorismo de Gobierno”.
En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que “lavarse las manos y callar” sobre el destino de los restos de Guzmán Reinoso “ha sido la más grande confesión de simpatía y cercanía” del actual Gobierno con Sendero Luminoso.
“Este gobierno se terruquea solito todos los días con sus relaciones ya conocidas con el terrorismo y se consagró ahora sin una sola palabra del presidente y con la ya conocida simpatía del premier”, expresó.
En ese sentido, Fujimori Higuchi manifestó que “lavarse las manos” en el caso de Abimael Guzmán “ya excedió todos los límites”, pues “es darle la espalda a las víctimas, insultar a las Fuerzas Armadas e ignorar el sufrimiento de millones de peruanos”.
“El Congreso tuvo que actuar y eso obligó a promulgar al Ejecutivo, pero cada minuto de silencio e indiferencia desde la muerte de Abimael ha sido una prueba más de su corazón iluminado con la hoz y el martillo”, enfatizó.
“Hoy ya no queda ninguna duda y es realmente lamentable. Estamos frente a una nueva variable del terror: el pro terrorismo de Gobierno”, sentenció la excandidata presidencial.
Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que incorpora el artículo 112-A a la Ley 26842, Ley General de Salud, referido al destino de los cadáveres de fallecidos que cumplían condena por traición a la patria o terrorismo.
“En el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su cremación, previa necropsia”, dice el documento.
“La Autoridad Sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. La cremación se realiza en presencia de un representante el Ministerio Público, para fines de identificación, quien levanta el acta correspondiente”, añade.