La ex procuradora ad hoc Katherine Ampuero ahora sigue de cerca el caso Lava Jato desde el Congreso, en donde asiste a un parlamentario en las investigaciones. Estas son sus impresiones sobre el proyecto del Ejecutivo para reemplazar el Decreto de Urgencia 003.
¿A quién beneficia el proyecto que reemplazará el DU 003?
Con la posibilidad que ofrece para que una persona jurídica se acoja a un proceso de colaboración eficaz –que actualmente no tiene un marco jurídico–, el proyecto está hecho para Odebrecht. Es la única firma que ha reconocido haber cometido delitos y es la que tiene suscrito un acuerdo preliminar con la Fiscalía desde enero del año pasado, del cual no tenemos conocimiento. Este proyecto de ley, además, está dando el marco legal que el Ministerio Público necesitaba.
¿A qué se refiere?
En la cuarta disposición complementaria del proyecto, el Ejecutivo pretende dar facultades absolutas a la Fiscalía para darle impunidad a Odebrecht cuando se acoja a la colaboración eficaz. Aquí dice (lee el documento) “a criterio del Ministerio Público podrá eximir a la persona jurídica de las consecuencias jurídicas del delito o reducirlas”. Una de esas consecuencias es la reparación civil, con esto se está autorizando al fiscal a que, si así lo cree conveniente, no se cobre a Odebrecht la reparación civil.
¿No cree que el gobierno intenta colaborar con la Fiscalía para no poner trabas a sus investigaciones? Porque la reparación civil que fijó el procurador ad hoc puso en peligro la declaración de Jorge Barata
No, porque este proyecto le da inmunidad a Odebrecht y autoriza a la Fiscalía a exonerarles de responsabilidad civil, que pueda seguir contratando con el Estado, le faculta a inaplicar todas las medidas del DU 003 a estas empresas. Es decir, la Fiscalía puede disponer que no se le aplique el fideicomiso, no aplicarle ningún tipo de sanción. Coincido en que hay que incentivar a las empresas para que esclarezcan los hechos, pero los beneficios que debe recibir una empresa no deben estar en función de la reparación civil.
¿Cree que el Gobierno está obviando a la Procuraduría?
Exactamente. El Gobierno está yendo más allá, el cobro de la reparación civil es una facultad que corresponde únicamente a la Procuraduría, eso lo establece el Código Procesal Civil y Penal, y la Ley de Defensa Jurídica del Estado. Le está autorizando al Ministerio Público a eximir a la empresa de las consecuencias civiles del delito. El tema de la reparación civil no debe estar permitido y lo debe decir claramente la norma.
Entonces, para usted, ¿el gobierno no está garantizando el pago de la reparación civil?
No. Lo peor es que el Ejecutivo señala en su proyecto cómo se va a garantizar la reparación –la retención de pagos del Estado y un porcentaje de la venta de sus activos– y al final, en la cuarta disposición complementaria señala, claramente, que el fiscal tiene la potestad de eximirle de todas estas medidas. ¿Para qué señalar todas las restricciones si, finalmente, dices que el fiscal podrá no contemplarlas? Eso no debe permitirse.
¿El país puede confiar en el criterio del Ejecutivo?
Parece que no. Y eso no es todo. En la séptima disposición complementaria dice, expresamente, (lee el documento) “el ejecutor coactivo de la Sunat no podrá disponer que se traben medidas cautelares a que se refiere el Código Tributario, y levantará cualquier medida cautelar o embargo que hubiera dispuesto respecto de las deudas tributarias”. La Sunat ha logrado hacerse del patrimonio de Odebrecht para garantizar el pago de deudas tributarias; si se aprueba el proyecto tal como está, se levantarán las medidas cautelares automáticamente.
Si eso sucede, ¿Sunat tendrá que devolver a Odebrecht los activos embargados?
Sí, es lo que dice la norma. Todo el patrimonio embargado quedará a libre disposición de la empresa. Se intenta dar un trato privilegiado a Odebrecht y a sus consorciadas, porque mientras hay compañías más pequeñas que no tienen nada que ver con el caso Lava Jato, Sunat les puede embargar sus activos para el pago de la deuda tributaria. Sin embargo, respecto a estas grandes firmas, Sunat no puede hacer lo mismo.
Pero el Ejecutivo busca que Odebrecht cuente con activos para poder pagar sus deudas con los proveedores que contrató.
Acá lo que vemos es que la ley no es igual para todos. Odebrecht tiene en el Perú suficiente patrimonio, acciones en las concesiones de Olmos, en Chaclla, como para poder pagar toda la deuda que tiene con proveedores y trabajadores, y también con los bancos. Las deudas más grandes que tiene Odebrecht son con los bancos. Pero no podemos, con el pretexto de que esta situación genera un gran impacto en la economía del país, buscar la impunidad de estas empresas. Si no, ¿qué mensaje estamos dando en la lucha contra la corrupción?
Entonces, todo depende de lo que disponga el fiscal.
Hay un convenio entre la Fiscalía y Odebrecht que nosotros no conocemos. Una vez aprobada esta norma, la empresa será la primera beneficiada.
¿Cree que el fideicomiso será la herramienta con la cual el Estado podrá cobrar la reparación civil?
El artículo 2 de este proyecto de ley, en el que se señala cómo aplicar el fideicomiso, es un ‘copy-paste’ del DU 003. No podemos dar un margen de utilidad aún porque esta funcionará cuando haya empresas condenadas, y ahorita no las hay. Lo que sí es que hay un cambio. Antes, con el DU 003 no se establecía un porcentaje del pago de reparación, si la venta del activo era de S/5 millones, todo eso iba al fideicomiso para garantizar el cobro hasta que el procurador fije el monto. Ahora, este proyecto de ley sí establece un porcentaje y ese costo se fija después de saldar las deudas financieras.
AUTOFICHA
* “Soy abogada penalista con experiencia en procuradurías ad hoc Fujimori Montesinos, Anticorrupción, Lavado de Activos, Terrorismo y Orden Público. Necesitamos la información que brinden las empresas para llegar a la verdad, y la Fiscalía debe preocuparse solo por negociar cuestiones penales”.
* “El Gobierno está demostrando que no tiene un verdadero ánimo de luchar contra la corrupción, si queremos garantizar el pago de la reparación civil y el de las deudas tributarias, no podemos tratar de manera exclusiva a empresas como Odebrecht”.
* “El proyecto se aplica a tres grupos de empresas. Odebrecht, las consorciadas y las del ‘club de la construcción’. A las firmas consorciadas no se le pueden aplicar todas las medidas del proyecto. Por ejemplo, el procedimiento en el que se retendrá el 50% de la venta de activos de Odebrecht no se les aplicará”.