La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) presentó una nueva propuesta para regular el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria, pese a la planteada por el Poder Ejecutivo en la cuestión de confianza.
La iniciativa legislativa N° 4463 propone que la Comisión Especial encargada de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sea la encargada de revisar este proceso.
El proyecto busca cambiar el artículo 93 de la Constitución, referido a la inmunidad de los congresistas, en el sentido de que:
"No pueden ser procesados ni detenidos sin previa autorización de la Comisión Especial encargado de la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia reunido de manera excepcional para este efecto, aprobando su reglamento para dicho procedimiento".
Actualmente, la Carta Magna especifica sobre este particular que los parlamentarios "no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones".
Es decir, el Parlamento es el único organismo que puede decidir ahora si le levanta o no el fuero a un legislador.
Sin embargo, a raíz de casos como los del desaforado congresista Edwin Donayre, en el que el levantamiento de inmunidad parlamentaria a cargo del Congreso fue dilatado por varios meses, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa legislativa para regular este proceso.
Dentro de los doce proyectos de ley de reforma política que envió el Gobierno al Parlamento el 10 de abril, incluyó uno referido a la inmunidad. No obstante, este fue archivado por la Comisión de Constitución.
Con la presentación de la cuestión de confianza, el Ejecutivo insistió con su propuesta para que sea la Corte Suprema el órgano autorizado de revisar la inmunidad parlamentaria y no el Congreso.
Ahora, Karina Beteta, plantea en su iniciativa que la Comisión Especial de la JNJ sea la encargada. Este grupo está conformado por el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, y un representante de las universidades públicas y una de las universidades privadas.
El proyecto de ley está suscrito por el vocero de la bancada naranja, Carlos Tubino, y los parlamentarios María Melgarejo, Tamar Arimborgo, Ángel Neyra, Freddy Sarmiento, entre otros.