NO VAN MÁS, Inés Tello y Aldo Vásquez se aferraron a sus cargos hasta el último minuto. (Foto: Andina)
NO VAN MÁS, Inés Tello y Aldo Vásquez se aferraron a sus cargos hasta el último minuto. (Foto: Andina)

Seis días después de que el Pleno del Congreso destituyera e inhabilitara a y para ejercer cargo público por un periodo de 10 años, el titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, oficializó la vacancia de sus cargos y dejó el camino expedito para que asuman funciones sus reemplazantes. Los suplentes se elegirán entre Mónica Rosell, Jaime de la Puente Parodi y Abraham Siles.

A través de dos resoluciones, el titular de la JNJ precisó que la declaratoria de vacancia rige desde el 8 de marzo, fecha en que el Legislativo sancionó a Tello y Vásquez por haber infringido la Constitución al permitir que Tello se mantuviera en el cargo pese a haber pasado la edad límite. En esa ocasión no corrieron la misma suerte los otros miembros de la Junta: María Zavala, Guillermo Thornberry, José Ávila, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza.

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ENTRETELONES

Cabe recalcar, sin embargo, que la declaratoria de vacancia se dio recién después de que el congresista Alejandro Muñante remitiera un oficio al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dando cuenta de que tanto Tello como Vásquez perdieron su condición de integrantes de la Junta pese a lo cual ambos seguían declarando que se mantendrían en sus puestos.

Advirtió además el legislador que De la Haza “estaría rehusándose a dar cumplimiento” a la medida, lo cual—acotó—”podría configurar los delitos de usurpación de la función pública, rehusamiento de actos funcionales y resistencia a la autoridad”.

Casi en paralelo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dispuso que el procurador del Congreso de la República formule denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales a que hubiere lugar contra Tello en vista de su “manifiesta intención de mantenerse ilegalmente como miembro de la JNJ pese a haber sido inhabilitada por el Pleno”.

Esa fue su respuesta ante el pedido de la integrante de la Junta para que declare como “inexistente” el acuerdo del Pleno que declaró su inhabilitación.

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