¿Vuelve? Gregorio Santos salió del penal Piedras Gordas en julio de este año. (Anthony Niño de Guzmán)
¿Vuelve? Gregorio Santos salió del penal Piedras Gordas en julio de este año. (Anthony Niño de Guzmán)

A dos años de haberse iniciado el proceso judicial, esta mañana se realizará en la Base Naval del Callao una nueva audiencia del juicio que se le sigue al ex gobernador de Cajamarca , investigado, junto con otros 46 coimputados, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión. La Fiscalía ha pedido 24 años de prisión para el ex funcionario regional.

Según la acusación del Ministerio Público, Gregorio Santos instaló una organización criminal durante su gestión en Cajamarca, obteniendo beneficios ilegales en 13 procesos de licitaciones con empresas.

De acuerdo con la Fiscalía, el ex gobernador habría recibido coimas por S/1’2000,000 de los empresarios Wilson Vallejos y Luis Pasapera, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Durante el juicio oral, la Fiscalía sostuvo que la entrega de los mencionados sobornos fue confirmada con depósitos en la cuenta de Santos, de sus dos ex parejas, de su chofer y de ex miembros de su seguridad.

Hace algunos meses, el proceso, calificado de complejo, logró salir de un entrampamiento que Perú21 denunció en diciembre de 2017 por la falta de continuidad de las audiencias: cuatro por mes.

“Eso ya se corrigió. Desde hace meses las audiencias son tres veces por semana: los miércoles, jueves y viernes, y duran todo el día”, señaló una fuente cercana al juicio.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el fiscal Walther Delgado, a cargo de este proceso, confía en que el juicio culmine con una condena efectiva contra el ex gobernador de Cajamarca debido a la cantidad de pruebas y testimonios que presentó.

Por su parte, Santos consideró que su proceso no es penal sino político.

Sabía que
Santos participará mañana y el domingo en un cónclave político en Huancayo, en el que estarán presentes Verónika Mendoza y el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
Fernando Ugaz, defensor de Santos, dijo que las obras concesionadas no generaron perjuicio para el Estado.