La jueza María de los Ángeles Álvarez respondió a la unidad funcional del Ministerio de Justicia (Minjus) sobre la devolución de los S/524 millones que reclama la empresa Odebrecht tras la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Cecilia García Díaz, coordinadora de la referida unidad, consultó a la magistrada si en la sentencia que legalizó el acuerdo de colaboración de la firma existía alguna diferencia entre investigaciones y procesos penales. Y es que la entrega de dinero a la compañía está condicionada a que esta no tenga indagaciones en curso.
¿Por qué es importante aclarar esta distinción? Porque el equipo especial Lava Jato interpretó que la jueza condicionó la entrega del dinero si la empresa afrontaba procesos penales, esto es investigaciones en fase preparatoria. Por ello, el líder del equipo, Rafael Vela, informó que la situación de Odebrecht no se ajustaba a esa situación y que por ello correspondía cederle los recursos.
Pero para el procurador ad hoc Jore Ramírez, Álvarez se habría referido a las investigaciones de la compañía en general. Bajo este criterio, entonces, la compañía no debe recibir el millonario monto.
Ante la consulta de García, según conoció Perú21, la jueza indicó que no podía absolver su interrogante porque la unidad funcional no está legitimada en el proceso. Solo lo están la Procuraduría, el Ministerio Público y Odebrecht.
Es decir, solo una de estas tres instituciones pueden formularle consultas. Fuentes relacionadas al proceso señalaron a este diario que la constructora, al ser la parte interesada, tendría que acercarse al Poder Judicial para buscar aclaración de la sentencia.
Los S/524 millones que reclama Odebrecht son el dinero retenido en el fideicomiso que, de acuerdo a la sentencia, se le debe devolver a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Esos recursos deben ser usados por la empresa para pagar sus deudas con otras compañías con las que tercerizó contratos.