La jueza María de los Ángeles Álvarez aclaró que no puede hacer público el acuerdo homologado entre la Fiscalía y la empresa Odebrecht debido a que la norma le exige a respetar la reserva del mismo.
A través de un oficio que envió a la presidencia de la Corte Especializada de Justicia, la magistrada señala que "según el artículo 2.7 del reglamento de colaboración eficaz se establece como principio que rige el proceso de reserva, que no hace distingo entre el trámite o la sentencia que lo apruebe".
Asimismo, indica que ninguna de las partes involucradas -Fiscalía, empresa y Procuraduría ad hoc- le ha planteado fomentar la "publicidad" de la resolución con la que le dio legalidad al referido acuerdo.
"Si dentro del contenido de la referida resolución no solo se hace referencia a hechos delatados sino también a los mecanismos de corroboración y sobre otra información relevante obtenida para otros casos (...) por lo que decidirlo unilateralmente por este órgano jurisdiccional significaría, por un lado, desconocer el trámite de incidencias en ejecución de sentencia, y por otro, podría significar una afectación a la tesis de investigación y estrategia de actuación de la Fiscalía conforme a sus funciones y atribuciones que la Constitución le ha confiado", se lee en el comunicado.
El equipo especial del Ministerio Público y la Odebrecht acordaron no procesar penalmente a los exdirectivos de la compañía ni sancionar a la misma a cambio de que brinde información sobre los funcionarios públicos a los que sobornó para adjudicarse obras.
Los proyectos públicos en los que, hasta el momento, la constructora brasileña reconoció delitos son la Vía Costa Verde Tramo Callao, la Vía Evitamiento del Cusco, la Interoceánica Sur y el Metro de Lima. A estos se sumará el Gasoducto del Sur, millonaria obra en la que recientemente ha reconocido pagos ilícitos.
La firma, además, se ha comprometo a pagar una reparación civil que asciende a S/675 millones, monto que podrá incrementarse ahora que se conoce los delitos en el Gasoducto.