Juez suspende audiencia de control de acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

La diligencia se reanudará el martes 6 de agosto por disposición del juez Richard Concepción Carhuancho.
El Ministerio Público archivó la investigación que involucraba al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. (Foto: GEC)

El juez suspendió hoy la audiencia de control de acusación fiscal presentada por el fiscal Germán Juárez contra el expresidente y su esposa , y la reprogramó para el martes 6 de agosto.

Apenas inició la cita, el fiscal Juárez pidió que la diligencia sea postergada debido a que tenía que resolverse un pedido de recusación interpuesto por Julio Espinoza, abogado de la expareja presidencial, contra el propio Concepción Carhuancho.

El letrado plantea que el juez Concepción Carhuancho no actúa de manera imparcial en este proceso dado que en un evento académico se expresó a favor del Ministerio Público y su investigación. 

"El discurso, el contenido (de su exposición) y el mensaje que se dio contenía un evidente sesgo de quienes están del lado de la persecución y de la sanción, que son temas que le corresponden al Ministerio Público", expresó Espinoza a la salida de la audiencia. 

Los demás abogados de las partes implicadas en el caso y la Procuraduría de Lavado de Activos también se adhirieron a la solicitud.

El juez Concepción señaló que dado a que se presentó un nuevo escrito de la Fiscalía que incluía nuevas pruebas y que se corrió traslado a las partes recién hoy, decidió que la audiencia se realice el 6 de agosto a las 9:00 a.m.

Juárez, además, dijo que incorporará como elemento el acuerdo suscrito con la empresa Odebrecht y que recientemente ha sido homologado por la jueza María de los Ángeles Álvarez.

Desde el penal de Ancón, el exasesor nacionalista Martín Belaunde Lossio también formó parte de la audiencia a través de una videoconferencia.

y son acusados del delito de lavado de activos por presuntamente haber recibido US$3 millones ilícitos de Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011. La Fiscalía solicita 20 y 26 años de prisión para cada uno, respectivamente.

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