El juez Ángel Mendívil declaró fundado el pedido de la fiscal Marita Barreto para desacumular el caso Orellana, y ahora podrá acusar a la cúpula de esta presunta organización criminal que encabezó el empresario Rodolfo Orellana, quien hoy cumple una condena de 6 años de prisión por estafar al Estado.
En su resolución del 19 de marzo, a la que accedió Perú21, Mendívil señala que Barreto "ha argumentado en forma suficiente, clara y precisa qué hechos y qué investigados deberían tramitarse en forma separada". El magistrado indica que "debido a la alta complejidad" de la investigación -que involucra a 76 personas naturales y 17 empresas (93 en total)- y a fin de evitar mayor dificultad en el proceso, es necesaria la desacumulación.
En este caso se ha aislado del proceso a 46 personas y siete compañías a las que se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
La decisión afecta a Ludith Orellana Rengifo y Churchill Ríos Vela, hermana e hijo, respectivamente, de Rodolfo Orellana; a Benedicto Jiménez, ex director de la revista Juez Justo; al ex vocal supremo Robinson Gonzáles; y al detenido empresario Vicente Díaz Arce, entre otros.
Ahora, el próximo paso de Barreto será presentar la acusación contra estas personas para que afronten un juicio penal a fin de que sean sancionadas.
Como señala la indagación, la red que encabezaba Orellana Rengifo no era una banda criminal común. Estaba conformada por profesionales de distintas ramas —notarios, árbitros, ex funcionarios, jueces y fiscales— que sabían cómo eludir normas y aprovechar vacíos legales para apropiarse de dinero y de bienes públicos y privados.
Además de la apropiación ilícita de terrenos, a esta red se le imputa la emisión de cartas fianza sin valor que se generaban a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex). Se estimó que, bajo esta modalidad, la organización estafó al Estado hasta con S/56 millones.
El otro caso es el de Juez Justo, la revista con la que Orellana atacaba a políticos, jueces, fiscales, periodistas y cualquier otra persona que sacara a la luz sus operaciones ilícitas.