(Piko Tamashiro)
(Piko Tamashiro)

Actualización
El juez Richard Concepción Carhuancho dejó hoy al voto el pedido de cese de prisión preventiva que pesa sobre los empresarios José y Hernando Graña, ex directivos de la empresa , que han sido involucrados en el caso .

La defensa de los Graña argumentó en audiencia, realizada una por cada procesado, que a sus patrocinados se les debe aplicar el principio de igualdad debido a que los otros ejecutivos investigados en el mismo caso -Fernando Camet (JJ Camet), José Castillo Dibós (ICCGSA) y Gonzalo Ferraro Rey (GyM)- afrontan hoy sus respectivos procesos en libertad, después de haber sido excarcelados.

Asimismo, cada abogado replicó la hipótesis fiscal respecto a que los directivos de las compañías sabían del pago de US$20 millones en sobornos que Odebrecht debía abonar al ex presidente Alejandro Toledo para adjudicarse los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

Tanto la abogada Sophia Icaza como su colega Jorge Massa indicaron que si Graña y Montero entregó parte de sus utilidades a Odebrecht, luego de generar ingresos con la obra, fue porque así lo señalaba el memorando de entendimiento que las socias habían firmado antes de quedarse con el proyecto. Aclararon, en ese sentido, que esa retribución -que ascendió entre todas a S/91 millones- no era ilegal.

Las consorciadas, indicaron Icaza y Massa, debían reconocer a la firma brasileña una compensación por su liderazgo del consorcio y por asumir los riesgos económicos de la IIRSA.

A su turno, Hernando Graña, quien participó de la diligencia vía videoconferencia, manifestó que "no existe nada oculto ni incorrecto de parte mía" y solicitó el juez poder afrontar las investigaciones en libertad. Por su parte, José Graña expresó que "resulta injusto, discriminatorio e innecesario que esté en este régimen de prisión para afrontar un proceso” y garantizó que colaborará con la justicia.

La Fiscalía, por su parte, solicitó al magistrado rechazar el requerimiento de los Graña bajo el argumento de que los empresarios tienen relación con la "organización criminal" que es Odebrecht.

Nota original
El magistrado analizará este lunes la cesación de la prisión preventiva que pesa sobre los ex directivos de Graña y Montero, José y Hernando Graña, que son investigados por el pago de US$20 millones en sobornos que dio, según la Fiscalía, la empresa al ex presidente Alejandro Toledo para adjudicarse la Interoceánica Sur.

Jorge Massa, abogado de , comentó a Perú21 que con este recurso interpuesto espera que su patrocinado, a quien se le imputa el delito de colusión, afronte en libertad el proceso que se le sigue.

Anunció, además, que Graña participará de la diligencia, que iniciará a la 1:30pm, vía videoconferencia.

, Massa explicó que actualmente "existen nuevos elementos", en relación al momento en que se dictó la prisión para su defendido (4 de diciembre de 2017), con el que se demostraría que los empresarios no ponen en peligro el proceso.

"Dada las circunstancias, corresponde una comparecencia simple. Si el juez considera que no se ha desvanecido el peligro procesal, puede dictar una comparecencia con restricciones", comentó la defensa de Graña.

A José y Hernando Graña se les rechazó la apelación que habían interpuesto debido a que no precisaron qué buscaban con ese recurso (anular o revocar la prisión), un criterio que fue cuestionado por Jorge Massa.

Asimismo, se desestimó su solicitud de extender a ambos la resolución con la que se excarceló a los otros empresarios investigados: Fernando Camet (JJ Camet) y José Castillo Dibós (ICCGSA). El argumento de la sala fue que este tipo de decisión es personalísima, y que para su aplicación se evalúan casos particulares.

De acuerdo al Ministerio Público, los directivos de las empresas que se consorciaron con Odebrecht para ejecutar la IIRSA Sur sabía que debían pagar coimas al prófugo Toledo. Y ello también fue lo que manifestó Jorge Barata, ex mandamás de la constructora brasileña en Perú. No obstante, los imputados han negado esa versión.