El juez Richard Concepción admitió hoy el pedido de la Procuraduría ad hoc para ser incluida como actor civil y para aumentar el cobro de la reparación por el caso Interoceánica de S/200 millones a S/593 millones, por los daños patrimoniales causados al Estado en la ejecución de la obra, por la que Odebrecht, según la Fiscalía, pagó millonarios sobornos para adjudicársela.
La procuradora Silvana Carrión señaló en audiencia que la indemnización alcanzará a once personas involucradas en la concesión del megaproyecto, entre las que figura el ex funcionario de Proinversión, Sergio Bravo Orellana; el ex jefe de seguridad del ex presidente Alejandro Toledo, Avi Dan On; los ex directivos de Graña y Montero, José y Hernando Graña; el ex ejecutivo de JJ Camet, Fernando Camet; y el ex director de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós; entre otros.
La defensa de los imputados solicitó desestimar el pedido porque —a su juicio— la Procuraduría no había individualizado los delitos que se atribuían a los procesados, ni identificado los daños causados por cada uno.
Sin embargo, Carrión señaló que la imputación de los delitos, así como el desarrollo de los hechos, ya lo había hecho el Ministerio Público porque es parte de su función, y no de los procuradores.
El magistrado Concepción Carhuancho admitió los argumentos de la procuradora e indicó que en esa diligencia solo debían cumplirse los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal para ser considerada como actor civil.
En este caso, la Fiscalía investiga al ex mandatario Toledo por recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de concederle la IIRSA Sur. Al ex jefe de Estado se le imputan los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.