El Perú se ha convertido el segundo productor de cocaína en latinoamérica, según un informe de la ONU y Devida de noviembre de 2018. La zona donde empieza toda la cadena del narcotráfico es el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Ahí, las fuerzas del orden combaten diariamente a los productores de droga y a los remanentes de Sendero Luminoso que resguardan la ilícita actividad. Sin embargo, esta lucha muchas veces no es acompañada por la justicia; sino que, por el contrario, magistrados de la zona liberan a las personas ligadas al tráfico ilícito de drogas (TID).
Ese es el caso del colegiado de San Miguel, Vilcashuaman y Chungui en la región Ayacucho, presidido por el juez José Bonilla. A inicios de enero, los magistrados decidieron absolver a Wilson Quispe detenido en flagrancia cuando transportaba 190 kilos de pasta básica de cocaína (PBC).
Los distritos judiciales mencionados están ubicados dentro de la zona de emergencia del Vraem, en la provincia de La Mar (Ayacucho). Ellos son los responsables de resolver la mayoría de casos por delitos de TID de la zona.
El 15 de julio de 2017, en uno de los operativos de la Dirección Antidrogas (Dirandro), intervinieron a Wilson Quispe mientras iba manejando un furgón junto a su cuñado Misael Chanco, por la carretera del centro poblado de Huallhua (Ayacucho).
Los agentes de la Dirandro registraron el vehículo y notaron unos cajones de metal sellados que estaban soldados a la carrocería. Al revisarlos hallaron 190 paquetes rectangulares con pasta básica de cocaína. Pretendían trasladar el cargamento de 190.419 Kg. de droga que sería vendido en la ciudad de Huancayo (Junín).
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Los acusados argumentaron que no sabían que en el furgón había droga y dijeron que ellos solo fueron contratados por un hombre apodado ‘Grillo’ para que llevaran la furgoneta a Huamanga (Ayacucho). Sin embargo, las pericias del Ministerio Público demostraron que los paquetes de cocaína tenían las huellas dactilares de los detenidos.
Al ser hallados en flagrancia, la policía inmediatamente los condujo a la cárcel de Ayacucho y desde ahí han afrontado su proceso judicial con prisión preventiva.
El Ministerio Público los acusó formalmente por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y solicitó 25 años de cárcel de pena. Sin embargo, el juzgado del Vraem el pasado 28 de enero de este año decidió absolverlos y liberarlos de prisión.
Fuentes del Ministerio Público de Ayacucho dijeron a este diario que esta resolución es bastante irregular, debido a que los dos detenidos fueron encontrados con los paquetes de droga en su poder, con lo cual, hay lugar para una sentencia.
“El colegiado debe explicar las razones por la absolución”, consideró un fiscal ayacuchano.