Redacción PERÚ21

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ACTUALIZACIÓN 18:00

Luego de escuchar a la defensa de Keiko Fujimori durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva contra la ex candidata presidencial, la Segunda Sala Penal de Apelaciones dio a conocer que emitirá su respuesta en un tiempo superior al plazo de 48 horas que estipula la ley.

“Será cuando terminemos la deliberación de los puntos planteados en esta instancia”, dijeron.

ACTUALIZACIÓN | 09:00

La audiencia que se resolverá la apelación de prisión preventiva por 36 meses contra inició a los pocos minutos pasadas las 9 de la mañana. 

Como representante de la Fiscalía, se encuentra el fiscal Rafael Vela. De igual manera, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulana Loza, está presente en la sesión. 

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NOTA ORIGINAL:

Hoy se realiza la audiencia para determinar si procede la apelación a la orden de 36 meses de prisión preventiva para , investigada por el delito de lavados de activos, por los presuntos aportes irregulares durante la campaña presidencial de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular (FP).

En la víspera, la lideresa de FP hizo un pronunciamiento público –en Facebook– y cuestionó la inclusión de su abogada Giulliana Loza en las investigaciones por el caso Cocteles, al considerar que la Fiscalía la quiere dejar sin defensa.

Fujimori calificó el hecho como una arbitrariedad y acusó que se estaría tejiendo una maniobra para que Loza no participe en la audiencia de hoy. “Quiero manifestarle todo mi cariño y solidaridad a mi abogada por su valentía de seguir adelante”, argumentó.

No obstante, el oficialista Juan Sheput dijo a Perú21 que no es cierto que la Fiscalía pretenda sacar a Loza de la audiencia de hoy, ya que, recordó, se le está investigando desde fines de noviembre, cuando se allanó el despacho del abogado Arsenio Oré, otro de los investigados en el caso.

Los letrados Edward García, Danae Calderón, Luis Lazo y Lorena Gamero también han sido incluidos por el fiscal José Domingo Pérez.

SOLICITAN AYUDA
De otro lado, Loza envió un documento al Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitando que actúe como veedor de las indagaciones a los abogados incluidos en la investigación, pues cree que buscan afectar sus labores.

Sin embargo, María Elena Portocarrero, decana del CAL, fue enfática al respecto y refirió que nada impide a un letrado investigado ejercer su profesión.

“Debemos analizar a profundidad los argumentos para la inclusión de los abogados en la investigación, pero el ejercicio profesional legalmente amparado no se debe interrumpir”, aclaró.

Loza también envió un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando “medidas cautelares urgentes para salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso”.