La congresista de Fuerza Popular Betty Ananculí habría cometido el delito de falsificación de documentos en su hoja de vida. (Foto: Congreso de la República)
La congresista de Fuerza Popular Betty Ananculí habría cometido el delito de falsificación de documentos en su hoja de vida. (Foto: Congreso de la República)

El Poder Judicial solicitó formalmente al Congreso que se levante la inmunidad parlamentaria de () para que pueda ser procesada por las denuncias en su contra por presuntamente haber usado documentos falsos para sustentar estudios en su hoja de vida.

En una carta enviada hoy al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, señala que la decisión de pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de proceso fue tomada el 24 de agosto.

A la parlamentaria de Fuerza Popular se le acusa de la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos y uso de documentos públicos falsos en agravio del Estado.

Betty Ananculí, a pedido del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, debe ser investigada por haber faltado a la verdad en su declaración jurada de vida, específicamente en la sustentación de estudios técnicos en la institución Alas Peruanas de Ica.

Según indicó el Ministerio Público, Betty Ananculí presentó documentos para ser candidata al congreso en las elecciones del 2016 que tenían firmas falsificadas de profesores que fueron consignados para sustentar estos estudios.

Esta solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria se suma al pedido que ya fue admitido a trámite en el Congreso por el caso del congresista del Frente Amplio Edilberto Curro y que fue remitida desde el Poder Judicial el pasado 5 de setiembre.

A este último se le investiga por presuntas irregularidades que habría cometido para aprobar exámenes en cursos en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, en Puno.

Cabe recordar que el Congreso ya ha levantado la inmunidad parlamentaria y ha declarado en vacancia el cargo que tenía Benicio Ríos, ahora ex parlamentario de Alianza para el Progreso que fue sentenciado a siete años de prisión efectiva. Pese a esta decisión aprobada por unanimidad en el pleno, Ríos Ocsa permanece prófugo.