Continúan los cuestionamientos a la decisión judicial que permitió salir en libertad al coronel PNP ( r ) Benedicto Jiménez, considerado mano derecha de la red del prófugo empresario Rodolfo Orellana.
El magistrado supremo Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, solicitó un informe "urgente" a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) sobre la resolución de la jueza Mercedes Caballero, quien el jueves último desestimó el pedido fiscal de ordenar la detención preventiva de Jiménez por 18 meses.
Mediante un oficio, la máxima autoridad judicial pidió a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda, que le reporte a su despacho las acciones que pueda haber iniciado respecto a la mencionada disposición de la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Sin embargo, la medida judicial para Jiménez –de tener comparecencia con restricciones mientras duren las pesquisas de lavado de dinero– es que no puede variar de domicilio, debe concurrir cada 30 días al juzgado a firmar el registro de procesados, no puede comunicarse con sus coinculpados, testigos y peritos vinculados con el proceso, y además debe pagar una caución de S/.10,000.
Ante la apelación de la fiscal Marita Barreto –a cargo del caso– a la resolución de la jueza Caballero, la Sala Penal de Apelaciones Nacional definirá la situación de Jiménez y de otros cuatro investigados en los próximos días.