La jueza María de los Ángeles Álvarez dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien es investigado por el fiscal Carlos Puma por los presuntos US$220 mil en aportes irregulares que habría recibido de OAS para su campaña del 2014.
Perú21 conoció que todos los puestos de control que están bajo la supervisión de Migraciones ya han sido alertados de la medida.
Sin embargo, Álvarez no ha acogido del todo el requerimiento del fiscal Puma ya que este solicitaba esa prohibición para Castañeda por 36 meses. Ahora se debe conocer si el Ministerio Público apelará la resolución judicial.
"El término de 36 meses sería excesivo por lo que dosificando el tiempo de duración de la medida, y atendiendo la complejidad alegada, y a las diligencias precisadas, consideramos razonable y proporcional establecerlo en dieciocho meses, tiempo suficiente para que la Fiscalía pueda migrar a otra etapa de la investigación", se lee en la resolución judicial a la que accedió este diario.
De acuerdo a Puma, OAS desembolsó los US$220 mil ilícitos a la campaña de Solidaridad Nacional para asegurarse la adjudicación de obras durante la gestión edil.
En ese sentido, el fiscal reveló que Leo Pinheiro, expresidente de OAS, buscó acercarse a Castañeda Lossio cuando estaba finalizando la gestión de la hoy detenida Susana Villarán.
Según la investigación, la mediadora fue la abogada Giselle Zegarra, a quien se imputa los delitos de colusión y tráfico de influencias. “OAS contrata a Zegarra de 2014 a 2015 como consultora, y tras concluir su labor, solo un día después, la municipalidad la contrata a ella”, precisó la Fiscalía.
Según su hipótesis, Zegarra “respondía a los intereses” de la constructora brasileña y por ello emitió opinión favorable, siendo funcionaria, para que se aplique una adenda al contrato de fideicomiso –acordado durante la administración de Villarán– y así reemplazar la obra Río Verde por el by-pass 28 de Julio y la alameda Plaza Nueva.
El fiscal Puma esclareció también que la gestión de Castañeda –a quien atribuye delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos– aplicó una segunda adenda a la Línea Amarilla para sustituir la ejecución de obras que ya se habían iniciado por el levantamiento del puente Bella Unión y el paso inferior de Morales Duárez.
“Lo curioso es que el puente Bella Unión ya estaba programado para ejecutarse con el presupuesto público, pero con la adenda se le entrega a OAS su construcción”, cuestionó el fiscal.