El Congreso cerró filas frente a la pretensión del primer ministro Aníbal Torres de que se convoque al gabinete ante el Pleno para plantear una cuestión de confianza (CC) sobre su iniciativa para derogar la Ley Nº 31355, que regula la aplicación de ese mecanismo constitucional.
A través de un oficio suscrito por su titular, José Williams, el Legislativo precisó que la solicitud del jefe del gabinete “no resulta atendible en los términos planteados”, entre otras razones porque una cuestión de confianza debe versar sobre la política general de gobierno y no sobre competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento y porque, además, el tema ya quedó zanjado con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, en febrero, declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad promovida por el propio Ejecutivo contra la ley que regula los alcances de la CC.
La respuesta, como era previsible, provocó la airada réplica del titular de la PCM, quien deliberadamente tergiversó la postura del Legislativo y, ante un grupo de alcaldes electos, dijo que ese poder del Estado había declarado “inadmisible” una cuestión de confianza que el Ejecutivo no había presentado; además, acusó una supuesta “dictadura congresal”.
Más tarde, en conferencia de prensa, Williams rechazó esta aseveración y agregó que la intención del Ejecutivo de derogar la Ley Nº 31355 es “una provocación más, (una propuesta) inconstitucional que carece de sustento y con la que se busca cerrar el Congreso”.
Congresistas de distintos bloques, como Alejandro Cavero, Hernando Guerra García y Enrique Wong, denunciaron que la solicitud del gobierno es una “cortina de humo”. Incluso Waldemar Cerrón, de Perú Libre, advirtió que una CC sobre la Ley 31355 no procede según la sentencia emitida por el TC.