Magistrado del JNE. (Piko Tamashiro)
Magistrado del JNE. (Piko Tamashiro)

El Congreso avanza en aprobar reformas electorales aplicables para las elecciones regionales y municipales de 2018. Sin embargo, según el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Rodríguez Vélez, hay algunos cambios que podrían originar mayores problemas en los comicios.

En el Congreso se han aprobado algunas reformas electorales. Una de ellas es la que cambia la sanción por la entrega de dádivas en campaña electoral. Primero, se aplicará una multa de 30 UIT al candidato y, si reincide, recién se le expulsa. ¿Qué opina de ello?

He escuchado a una congresista decir que se ha aprobado la propuesta del JNE y eso no es así. Nosotros hemos presentado un proyecto al Congreso, que es de mi autoría, en el que pedimos que haya gradualidad en la sanción por entrega de dádivas y que, como se hace para los delitos en flagrancia, se haga rápido, en 10 o 15 días. De ahí, el JNE excluye y si el proceso electoral ya acabó, pues se aplicará otra sanción, como la vacancia.

¿Niega, entonces, que el JNE haya propuesto que primero se aplique una multa, como dijo Úrsula Letona, la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso?

Yo he escuchado lo que ella ha dicho, y no es así. El proyecto no dice eso. Ellos están confundiendo gradualidad con reiterancia. Lo que están planteando es reiterancia. La gradualidad implica que si tu conducta lesiva es mínima, te llamo la atención. Lo que plantean ellos genera en la percepción de la ciudadanía un aparente manto de impunidad porque te dicen “a la primera regala todo porque solo te van a multar”.

¿Este cambio puede generar inconvenientes en las elecciones de 2018?

Sin duda, y no solo generará desazón en la ciudadanía, en la prensa, de ver cómo a una persona que regaló miles de soles o entregó dádivas solo la van a multar. Adicionalmente a eso, la carga procesal para el JNE va a ser tremenda. Si se mantuviera la ley como está hoy, porque la nueva ley no ha sido promulgada, habiendo 115 mil candidatos, a 20 minutos por caso, eso significa 1,400 horas, que a su vez representa 175 días trabajando ocho horas diarias solo para atender casos de dádivas. Eso ya podría hacer colapsar las elecciones, y si en un primer momento se le pondrá multa, esa multa será recurrida, apelada.

Otro cambio es el referido a impedir que las personas jurídicas aporten a los partidos políticos. ¿Está a favor?

Yo considero que no se puede poner en un saco a todos por igual. El punto de partida es tolerancia cero a dineros provenientes de fuentes ilícitas, pero una campaña requiere evidentemente de recursos.

¿Sí se debe aceptar el financiamiento de empresas?

Yo estimo que sí se debe permitir con topes, pero exclusivamente para fines de capacitación, investigación, educación...

Pero para lo mismo sirve el financiamiento público...

Pero los movimientos regionales o locales no tienen financiamiento público. ¿De dónde obtienen el dinero, del cielo?

Dicen que quieren impedir que empresas aporten porque abre la posibilidad de que lo hayan hecho para pedir un favor después, porque toda empresa busca invertir.

Pero eso es poner a todos en un saco por igual y partir de la cultura de la sospecha. ¿No hay esa gente que tiene ese talante democrático que quiere ver a su país mejor? Además, ¿cómo lleva usted una campaña si no es con dinero? El tema es que se tiene miedo al dinero en la política.

También se plantea la inmodificabilidad de las normas electorales (no se podrán modificar en menos de un año antes de las elecciones), y el nuevo cronograma electoral. ¿Tiene algún reparo ante estas modificaciones?

El cronograma nos parece bien porque en la ley actual para la convocatoria de las elecciones generales y congresales, el presidente tenía entre 120 y 150 días, un plazo muy corto. Para las elecciones regionales y municipales, podía hacerlo en 240 días. ¿Qué planteamos nosotros? Que se unifique el plazo a 240. El Congreso ha ido más allá, y nos parece bien, señalando un plazo mayor de convocatoria. La ampliación de este plazo va a permitir que los partidos puedan ordenarse.

¿Y sobre democracia interna?

Nos preocupa la no obligatoriedad de la intervención de los organismos electorales en las elecciones internas. Si bien es cierto que nos han fustigado, nos han dicho que queremos meternos, vea usted que en los últimos meses han llegado aquí los casos de Acción Popular, el PPC y el Apra, justamente por su actividad interna. Entonces, la intervención de los organismos electorales en las elecciones internas garantizan que los resultados se respeten.

Hay otras reformas de fondo que empezarán a debatirse en breve. Una de ellas es la de la eliminación del voto preferencial. ¿Cuál es su postura?

Debe eliminarse el voto preferencial. En su momento cumplió su objetivo, pero hoy es pernicioso. Abre la puerta también para el dinero ilícito y genera desunión, cuando la esencia de una organización es la identidad, los principios. Por eso es que llegan cuatro agrupaciones al Congreso y terminan atomizadas.

Autoficha

“Soy abogado, doctor en Derecho. He sido decano de la Facultad de Derecho de las Universidad Las Américas. Soy docente en pregrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), en posgrado de la Universidad de Piura y en la Universidad de San Martín de Porres (USMP)”. 

“Tengo experiencia profesional en la actividad pública y privada. Soy magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde represento a las universidades privadas. Fui vicedecano del Colegio de Abogados de Lima en 2011”.

“Soy autor de obras jurídicas como El método jurídico penal, Manual de Derecho Penal, Código Penal. Sumillado, Antecedentes, Concordado y Comparado, Programa de Derecho Penal, ABC del Derecho Penal, entre otros. He sido asesor de varias comisiones del Congreso”.