Estos decretos en lucha contra la corrupción no son el remedio para desaparecer, pero son pasos que hay que dar, especialmente en esta coyuntura. El Gobierno ha dado pasos positivos. Está bien crear una Autoridad de Transparencia para que, de alguna manera, se reduzca la posibilidad de actos de corrupción.
Sobre la Procuraduría General, el punto fundamental es que el Estado debe garantizar su institucionalidad. Es decir, debería dotarla de varios recursos y de la autonomía suficiente para que realice su labor como corresponde. Lamentablemente que sea nombrado por el Ejecutivo genera graves sospechas. Debería buscarse alguna manera de disipar ese grado de inseguridad.
En cuanto a la colaboración eficaz de cabecillas, pues antes le trajo mucho cuestionamiento a un ministro (Daniel Figallo). Martín Belaunde Lossio podría acogerse a ella. En la medida que la Fiscalía y la Procuraduría puedan velar por el éxito del caso y que se descubra a personas de más poder, como políticos, estoy de acuerdo.