La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevará adelante el proceso de selección de los nuevos jefes de la ONPE y Reniec. (Foto: GEC)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevará adelante el proceso de selección de los nuevos jefes de la ONPE y Reniec. (Foto: GEC)

Del 9 al 16 de junio estará vigente el plazo de inscripción y presentación de documentos de aptitud para los postulantes a los cargos de jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales () y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ()

Según el cronograma del concurso público convocado para ocupar dichos puestos, los interesados podrán realizar el pago por derecho de inscripción en el Banco de la Nación (vía teleproceso) del 8 al 15 de junio.

La (JNJ), que llevará adelante el proceso, evaluará el cumplimiento de requisitos el 17 y 18 de junio. La publicación de la relación de los postulantes aptos se realizará el 25 de junio.

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Tras ello, los aspirantes pasarán por cuatro fases de evaluación: conocimientos (25% del total de la calificación), curricular (20%), plan de trabajo (20%) y entrevista personal (30% del total).

A ello se sumará la prueba de confianza, que comprende la presentación de documentos como declaraciones juradas de intereses y pruebas psicológicas y psicométricas. El pago por derecho de inscripción equivale al 10% de la UIT (S/430).

El 26 de agosto se dará a conocer los resultados de los ganadores de los concursos y para el día 31 de ese mismo mes se han programado las ceremonias de juramentación.

Están impedidos de postular los menores de 45 y mayores de 70 años de edad; además los interesados deben acreditar título profesional o grado académico, y experiencia profesional afín al cargo.

Además, los postulantes deberán presentar declaraciones juradas de no registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales; no haber sido condenados ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva de fallo condenatorio por delito doloso.

De igual forma, no haber sido destituido en la administración pública ni haber sido objeto de despido de la actividad privada por falta grave, no ser deudor alimentario moroso y no pertenecer o haber pertenecido a una organización política en los últimos cuatro años, entre otros impedimentos.

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