JNE esperará decisión final del Congreso sobre ley de financiamiento ilegal

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, manifestó que su institución emitirá una opinión sobre el proyecto de ley para crear el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos una vez que concluya el debate en el Congreso.

El magistrado recordó que, con la observación confirmada por parte de presidente Martín Vizcarra, el procedimiento para que la norma entre en vigencia todavía no termina.

Como se sabe, si el presidente observa la norma, el Congreso tiene la opción de aprobarla por insistencia o realizar los cambios que plantee el Ejecutivo.

En ese sentido, Ticona precisó que "estaremos a la espera de la continuación de este procedimiento que todavía está en curso y, en todo caso, que sea lo mejor para el país".

"Es un cuerpo legislativo que está en proceso de elaboración, que aún no ha culminado. Cuando la ley esté vigente ya será materia de aplicación. Es un tema electoral básicamente en donde ya daremos la interpretación y la aplicación respectiva, cuando corresponda", expresó el titular del referido órgano electoral a la Agencia Andina.

Pese a esto, el titular del JNE destacó que la ley aprobada en el Pleno del Congreso, a pesar de la observación del Gobierno, haya podido recoger un planteamiento que hicieron para prohibir que las empresas privadas financien a campañas electorales.

"Cuando propusimos el Código Electoral, una de nuestras propuestas fue precisamente que las empresas privadas, que tienen finalidad lucrativa, no puedan aportar a las campañas. Este es uno de los puntos importantes que ha sido recogido en este proyecto pero, en general, cuando ya esté vigente la ley haremos el análisis correspondiente", concluyó.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó este jueves que observará la ley que aprobó el Congreso para incorporar el tipo penal de financiamiento ilegal de partidos políticos.

En opinión del jefe de Estado, esta norma reduce las penas para castigar otros delitos como lavado de activos a través de partidos políticos.