Un expediente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima (CAL), al que Perú21 pudo tener acceso, revela nuevos detalles del pasado oscuro de Javier León Mancisidor, flamante titular de la Procuraduría General del Estado (PGE), quien terminó siendo suspendido durante cuatro años (desde 2017) del ejercicio de la abogacía.
La presunta comisión de un fraude en colusión con el narcotraficante Fernando Zevallos —alias ‘Lunarejo’—, en la que la Fiscalía le sindicaba los delitos de apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal, habría quedado paralizada en el Poder Judicial desde 2019. Sin embargo, el caso también llegó al CAL, donde sí se determinó que hubo una acción “fraudulenta”, así como una conducta “indebida e ilícita, configurando hechos delictivos”.
El denunciante, Ramón Miranda, consignado como propietario de Lumiere Maritime Inc., pactó en 2002 la transferencia de las acciones y derechos de su empresa a Zevallos, quien purga condena desde 2005 por narcotráfico.
El precio acordado fue de más de US$1.6 millones, que se pagaría en razón de US$10 mil mensuales. Sin embargo, Zeballos incumplió con el pago, por lo que Miranda procedió a resolver el contrato e iniciar una acción de desalojo.
No obstante, según el expediente del CAL, para esa fecha ya se había realizado una fraudulenta junta de accionistas de Lumiere Maritime Inc., que revocó el poder de Miranda, el propietario original, y le otorgó facultades de representación al actual procurador Javier León.
El ahora titular de la PGE —de acuerdo al CAL— constituyó un usufructo vitalicio sobre un inmueble y celebró una transacción extrajudicial junto a Zeballos transfiriéndole la propiedad de este bien a otra empresa por S/600 mil.
En su defensa ante el CAL, León alegó la caducidad de una acción disciplinaria porque los hechos ocurrieron en 2011 y que, al habérsele promovido por lo mismo un proceso penal, calificó la denuncia ante el CAL como un avocamiento (asumir competencia) indebido.
Sin embargo, el CAL determinó que “están comprobadas” las acciones de fraude y que “las infracciones éticas imputadas al abogado León Mancisidor son de suma gravedad y denigran la profesión de la abogacía”.
Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, León no es idóneo para ser titular de la PGE y pone en riesgo todos los casos que ve esta institución, incluyendo las investigaciones al presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano.