Las normas establecen restricciones para los servidores públicos que buscan trabajar en el sector privado y que antes han tenido acceso a información privilegiada, han tenido opinión determinante o han tomado decisiones públicas.
Los impedimentos procuran que el funcionario que deja el cargo no se incorpore en empresas privadas que se encuentren directamente relacionadas a las materias respecto de las cuales tuvieron injerencia. Esta restricción dura un año por el deber de objetividad o imparcialidad del servidor público.
No se vulnera su derecho al trabajo porque jurídicamente los servidores, al incorporarse al Estado, se sujetan a una serie de obligaciones. La restricción limita a aquellas personas cuyo objeto de negocio está directamente relacionado con la entidad donde tuvieron injerencia.
El exservidor incurre en conflicto de intereses frente a los privados.