Hace pocos días se conoció la intempestiva renuncia de la procuradora adjunta que trabajó en impulsar casos emblemáticos contra políticos que actualmente vienen siendo investigados; Janet Briones explica los motivos de su decisión.
¿Ha renunciado al cargo de procuradora adjunta?
Sí, presenté mi renuncia ante los ministros de Justicia e Interior, porque fui designada mediante resolución suprema.
¿Por qué tomó esa decisión?
Durante dos años y medio tuve que asumir la conducción de los casos y continué en el esfuerzo de lograr su fortalecimiento (…) este año parecía que se concretaban nuestros pedidos, pero con los cambios que se han dado y las políticas de austeridad, no será posible. No podemos continuar en esa situación, no hay las condiciones adecuadas para ejercer la defensa del Estado.
¿Qué ministerio debió otorgarle esos recursos?
El ministerio del Interior debió otorgarnos los recursos que necesitamos, pero no nos ha considerado dentro de sus prioridades.
¿Cuántos casos deja?
Aproximadamente 2,700 casos a nivel nacional. En enero hicimos una clasificación a fin de priorizar y optimizar nuestros esfuerzos hacia los casos más importantes. Los clasificamos en: A, B, C y D. Los dos primeros constituyen casos complejos porque están comprometidas altas autoridades, complejas y peligrosas organizaciones criminales o los montos blanqueados son significativos, ahí tenemos 400 casos.
¿Cuál es el presupuesto en 2018?
En 2018 el presupuesto inicial es de S/4.5 millones, aproximadamente, para cubrir todos nuestros gastos. Es importante precisar que, de este monto, aproximadamente S/300 mil son para pagar a trabajadores que laboran en otras dependencias en el Ministerio del Interior y no trabajan en la Procuraduría. Esta situación viene de años y hasta el momento no se ha regularizado a pesar de que lo hemos solicitado.
¿Cuál fue el presupuesto utilizado en 2017?
El presupuesto de 2017 fue de S/4.4 millones y el mayor porcentaje son remuneraciones.
¿Un abogado de la Procuraduría cuántos casos tiene a su cargo?
Un abogado tiene en promedio 150 casos asignados. No contamos con programas tecnológicos que nos permitan graficar los casos, lo cual dificulta la defensa.
Entonces estamos en desventaja frente a los criminales.
Claro que estamos en desventaja frente a los criminales.
En su renuncia, a la que accedió Perú21, advierte riesgos que podían ser adversos en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Manifesté mi preocupación porque el Gafilat está evaluando la efectividad de nuestro sistema de lucha contra el lavado de activos, a fin de comprobar si estamos cumpliendo con sus 40 recomendaciones; una de ellas es el fortalecimiento (Procuradurías).
En la evaluación que hizo el BID, recomendó cambios en el marco normativo y ahora Gafilat evalúa los resultados. ¿Es correcto?
Para superar las deficiencias que fueron identificadas en 2017 se emitieron varias normas. Cabe precisar que en 2016 se efectuó otra evaluación con el apoyo del BID y se hallaron nuevos riesgos y amenazas que favorecen el lavado de activos. El Gafilat está evaluando la efectividad de las normas que se han emitido y si se ha cumplido con emitir las que estaban pendientes.
¿Cuáles son los sectores económicos que han tenido mayor incidencia de lavado de activos?
La mayoría de casos de lavado de activos están vinculados a actos de corrupción de funcionarios, minería ilegal, sicariato, extorsión, usurpación de terrenos, entre otros. También hay un número importante de casos vinculados a cooperativas.
El Congreso debatió en comisión la ley de cooperativas para que sean supervisadas por la UIF, pero no se logró su aprobación. ¿La regulación de las cooperativas era parte de la evaluación?
El Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018-2021 había identificado como una vulnerabilidad la falta de supervisión de las cooperativas, que fue identificada en la evaluación de riesgos realizada en 2016, por eso se debía emitir una norma que permita a la UIF supervisarlas.
¿La Fiscalía viene investigando algún caso de lavado de activos vinculado a cooperativas?
Sí, hay varios casos. Uno de los primeros fue el caso de (Rodolfo) Orellana, quien constituyó la cooperativa Coopex, la cual fue utilizada por sus actividades criminales. Hay otros casos que nos llamaron la atención porque hay préstamos millonarios otorgados a sus asociados, con los cuales financian operaciones comerciales que están siendo investigadas por lavado de activos. Esta situación la hemos observado en el sector inmobiliario, con la compra y venta de inmuebles.
Las cooperativas han justificado los criterios de evaluación financiera de sus socios.
En los casos donde hemos intervenido, cuando se trata de cooperativas no sujetas a supervisión, no han presentado documento que justifique la solvencia económica del socio para otorgarle un préstamo, pero esto todavía es materia de investigación.
Cuando el congresista Heresi fue designado como ministro de Justicia, surgieron comentarios adversos porque había sido investigado por lavado de activos.
El ministro Salvador Heresi fue investigado por la Fiscalía. Las investigaciones fueron archivadas en segunda instancia.
Continúan investigando al hermano del ministro de Justicia debido a información de los Panama Papers, cuyos beneficiarios aún son desconocidos.
Hasta el momento que estuve a cargo de la Procuraduría, estaba comprendido en una investigación; actualmente desconozco en qué estado se encuentra el caso.
AUTOFICHA
- “Soy abogada egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Trabajé en la Procuraduría ad hoc en el caso Fujimori. Luego ingresé a laborar en 2001 como procuradora adjunta de lavado de activos y pérdida de dominio y asumí la conducción de la institución durante dos años y medio”.
- “En los casos donde hemos intervenido, cuando se trata de cooperativas no sujetas a supervisión, no han presentado documento que justifique la solvencia económica del socio para otorgarle un préstamo, pero esto todavía es materia de investigación”.
- “Lo que conocemos, de los casos en los que estamos interviniendo, es que existen cooperativas que realizan préstamos de sumas importantes a socios que están comprendidos en investigaciones por lavado de activos, de quienes se desconoce si cuentan con solvencia económica, lo cual es materia de investigación”.