La izquierda, empeñada en el Congreso por destrozar la meritocracia en la administración pública, está detrás de un proyecto que busca derogar la Ley del Servicio Civil (Servir). El dictamen de esta propuesta planteada por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, que ya perjudicó la meritocracia en la carrera pública magisterial, ya fue aprobado en la Comisión de Trabajo y va camino al Pleno. El partido de Pedro Castillo, que en su gestión apeló a la dedocracia para nombrar a sus funcionarios, intenta así con esta iniciativa promover aún más la mediocridad y la corrupción en la administración pública.
Los planes de la izquierda, sin embargo, no son compartidos por los peruanos. Un 59% cree que esta entidad debe ser fortalecida para que cada vez haya más funcionarios púbicos elegidos por mérito, según revela la última encuesta de Ipsos para Perú21. Para un 29%, Servir debería ser eliminada.
El presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, indicó que es significativo que la ciudadanía reconozca la importancia del mérito para seleccionar funcionarios y servidores públicos. “Esto pone de relieve la necesidad de que el Estado cuente con los mejores talentos para que, no solamente conduzcan las políticas públicas, sino también que presten aquellos servicios públicos que la población demanda, de manera eficaz y eficiente, con profesionalismo e integridad. Desde Servir estamos convencidos de que la meritocracia es el camino que permite construir instituciones públicas sólidas que, con su quehacer efectivo, estén al servicio de los peruanos y con ello, lograr desarrollo y bienestar”, dijo para Perú21.
Para el abogado laboralista Ricardo Herrera hay que conservar Servir y consolidarla para que alcance el logro máximo: unificar los regímenes laborales en la Ley Servir, que se basa en la meritocracia para desarrollar la línea de carrera.
“Es una entidad clave para la mejora de los RR.HH. en el Estado, porque ha logrado tres objetivos: crear un cuerpo de gerentes públicos, que vienen sirviendo en muchas entidades públicas, altamente capacitados y cuya remuneración en parte se compone por indicadores de productividad; emite continuamente informes para uniformizar la interpretación de las normas laborales en el Estado; y por el Tribunal del Servicio Civil resuelve en segunda instancia todas las sanciones aplicadas en la Administración Pública a los trabajadores, con rapidez y calidad”, indicó a este diario.
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