Fiscalía deberá establecer la relación entre Manuel Merino y los policías que protagonizaron la represión de noviembre.
Fiscalía deberá establecer la relación entre Manuel Merino y los policías que protagonizaron la represión de noviembre.

La fiscalía especializada que investiga las muertes de ha realizado una serie de pedidos a distintas entidades del Estado para recabar, de manera urgente y oficial, los documentos publicados por Perú21 el último lunes. Estos pusieron al descubierto la guardia secreta de la PNP que Manuel Merino solicitó el 13 de noviembre. Algunos de sus integrantes estuvieron en el operativo del 14 de noviembre de 2020 que terminó con la vida de los jóvenes.

Jhousy Aburto, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, ha tomado cartas en el asunto y –según trascendió– no va a permitir que los altos mandos policiales le oculten los documentos que ayudarían a encontrar las respuestas sobre las causas de la violenta represión protagonizada por los efectivos de la División de Servicios Especiales, respaldados por agentes de la Dirección General de Inteligencia.

El 13 de noviembre, Manuel Merino envió dos cartas al entonces general que se encargaba de la comandancia de la PNP, Jorge Lam. En la primera solicitaba la asignación de 17 oficiales y en la segunda la de más de 50 suboficiales para su seguridad como “presidente de la República”. El mismo día, Lam envió un memorándum al director de Recursos Humanos del la PNP, el general Luis Lazo Fernández, para “efectivizar la reasignación por la causal de necesidad del servicio”.

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Sin embargo, el 14 de noviembre no estuvieron en Palacio de Gobierno; algunos fueron los encargados de comandar y ejecutar la respuesta en la calle contra los marchantes. El hombre de AP, en ambas misivas, había dejado claro que los oficiales y suboficiales solicitados eran de su entera confianza.

VULNERACIÓN DE LOS DD.HH.

El pasado martes 9 de marzo, la fiscal Aburto advirtió en una resolución que lo publicado por Perú21 “guardaría relación con la presente investigación fiscal con las presuntas vulneraciones a los derechos humanos cometidos presuntamente con personal policial”.

Inti Sotelo y Bryan Pintado muerieron tras recibir varios impactos de perdigones durante la marcha nacional del pasado 14 de noviembre. (Foto: César Campos/GEC)
Inti Sotelo y Bryan Pintado muerieron tras recibir varios impactos de perdigones durante la marcha nacional del pasado 14 de noviembre. (Foto: César Campos/GEC)

Aburto investiga a los generales Jorge Lam y Jorge Cayas, y tiene como objetivo establecer las responsabilidades de otros miembros de la PNP que participaron en los hechos violentos de noviembre. Con sello de “muy urgente”, la fiscal ha pedido al secretario general de la Presidencia de la República las copias certificadas de los documentos revelados por este diario.

También ha dirigido su pedido al Ministerio del Interior, a la comandancia general de la PNP, a la Dirección de Recursos Humanos de la PNP y a la División de Seguridad Presidencial.

Según fuentes policiales consultadas, los agentes de la seguridad presidencial son personas preparadas y capacitadas en la protección de dignatarios. No es normal que un efectivo de la División de Servicios Especiales o la Dirección General de Inteligencia integre la seguridad del Estado. “Esa situación era recurrente en los tiempos de Montesinos”, señalan.

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés dijo a Perú21 que lo que debe hacer la Fiscalía es “cruzar el informe de la oficina de Integridad del Mininter, con la nómina de oficiales y suboficiales, y la solicitud de Merino”.

“Merino pone por escrito que son de su absoluta confianza; la Fiscalía debe investigar si hay o no una cadena de transmisión de órdenes por parte del expresidente de la República en funciones con ese personal de confianza o si simplemente se trata de una coincidencia”, indicó Valdés.

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