Interponen denuncia constitucional contra Kenji, Bienvenido y Bocángel

Congresistas de diversas bancadas enviaron el oficio a la Subcomisión de Acusaciones constitucionales.
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Kenji Fujimori y sus congresistas no agrupados fueron reubicados en el Hemiciclo. (Piko Tamashiro / Perú21)
Kenji Fujimori: Bloque del congresista fue reubicado en el Congreso de la República.
secuela. Parlamentarios afrontarán ahora un proceso en la subcomisión de acusaciones y en Ética. (USI)
Guillermo Bocángel dijo que su vocación es el fujimorismo, incluso si la próxima candidata presidencial es Keiko Fujimori, él la apoyará. (Atoq Ramon)
También están implicados los congresistas Guillermo Bocángel e incluso el abogado de PPK, Borea.
Kenji Fujimori y sus congresistas no agrupados fueron reubicados en el Hemiciclo. (Piko Tamashiro / Perú21)
Kenji Fujimori: Bloque del congresista fue reubicado en el Congreso de la República.
secuela. Parlamentarios afrontarán ahora un proceso en la subcomisión de acusaciones y en Ética. (USI)
Guillermo Bocángel dijo que su vocación es el fujimorismo, incluso si la próxima candidata presidencial es Keiko Fujimori, él la apoyará. (Atoq Ramon)
También están implicados los congresistas Guillermo Bocángel e incluso el abogado de PPK, Borea.

En la mira. Congresistas de diversas bancadas presentaron esta noche la denuncia constitucional contra los parlamentarios , y tras los denominados 'Kenjivideos' que provocaron la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Mauricio Mulder (Apra), Edwin Vergara (Fuerza Popular), Wilbert Rozas (Frente Amplio) y Yeni Vilcatoma (no agrupada) enviaron el oficio de la denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“A los denunciados se les atribuye conductas que constituyen, por un lado, infracciones a la norma y principios consagrados en la Constitución, y por otro, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”, se puede leer en el documento.

En el texto también se lee que a los parlamentarios se le acusan de conformar un sistema ilícito de "compra de votos" que otorgaba a cambio financiamiento de proyectos, programas y obras con fondos públicos que se ejecutaban de forma transversal al gobierno (regional y local).

El objetivo de esta denuncia es que el Pleno debata —si supera todas las instancias— la suspensión temporal, inhabilitación o destitución por infracción constitucional contra los implicados. 

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