INPE procesará a Antauro Humala por hacer política desde la prisión

Reincidente. Efectuar coordinaciones políticas con una candidata al Congreso desde el penal Ancón II trajo consecuencias negativas para el condenado por el ‘Andahuaylazo’ Antauro Humala.

Ayer, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le abrió un proceso administrativo luego de que Perú21 denunciara que el presidiario se comunicó con la postulante de Unión por el Perú (UPP) por la región Áncash, María Bartolo Romero, para manifestarle su “total respaldo”.

En el audio al que tuvimos acceso, Humala la felicita por su participación en los comicios de enero y la hace partícipe de su proyecto político de 2021. La candidata, por su parte, confirmó a este diario que no fue la única persona que invitó el etnocacerista a postular el 26 de enero de 2020.

“No es la primera vez que hablamos. Siempre hemos mantenido conversaciones políticas (con Antauro). Particularmente, le hago consultas sobre la campaña”, expresó.

Sobre estos hechos, el INPE precisó en un comunicado que se habría vulnerado el Código de Ejecución Penal, puesto que “si bien el interno tiene derecho al uso del teléfono público, tiene una condena que lo inhabilita para realizar actividades políticas”.

De hecho, así se lo hizo saber el centro penitenciario a Antauro Humala el 24 de diciembre —según informó la entidad— a través del secretario general de UPP, José Vega, partido por el cual también intentó sin éxito postular en el próximo proceso electoral.

Es más, una demostración de que Humala continúa desarrollando actividades políticas son las visitas que recibe de aspirantes que integran la lista del partido en mención, como Virgilio Acuña, quien lo visitó el pasado domingo para conversar de temas electorales.

No es la primera vez

En junio de 2018, Perú21 denunció que el hermano del expresidente Ollanta Humala planeaba utilizar el penal Virgen de la Merced (Chorrillos), donde entonces se encontraba internado, como su centro de operaciones para realizar reuniones con sus allegados y, así, poder organizar su movimiento para las elecciones regionales de ese año y los comicios presidenciales de 2021.

Fue a través del periódico ‘Antauro’ que anunció las reuniones políticas que iba a sostener, pese a que el Código de Ejecución Penal lo prohíbe.

En ese contexto, el INPE reaccionó y abrió un proceso administrativo que derivó en una sanción que reguló sus actividades dentro del penal. Además, la entidad indicó que iba a prohibir el ingreso de las personas que integran la comisión política del movimiento que lidera Antauro Humala.

Recién en octubre de este año, la entidad penitenciaria dispuso el traslado del presidiario al penal Ancón II por la vulneración de la seguridad de su encarcelamiento.