Inmunidad parlamentaria: Comisión de Constitución define hoy si retira o mantiene protección a congresistas

Benicio Ríos Ocsa llegó muy tranquilo al Congreso de la República la mañana del lunes 20 de agosto de 2018 a pesar de la sentencia de 7 años de prisión y la orden de captura que pesaba sobre él. El entonces congresista de Alianza para el Progreso (APP) llevaba prófugo tres meses, y aunque la sentencia había sido confirmada en dos instancias, alegaba que aún gozaba de inmunidad por ser parlamentario.

El Poder Judicial lo había condenado en diciembre de 2017 por delitos de corrupción que cometió diez años antes, cuando fue alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba. Y ratificó esa decisión en mayo de 2018. En todo ese tiempo, Ríos se encontraba libre y el Parlamento no movió ningún dedo para levantarle la protección. Recién lo hizo en agosto de ese año.

Un caso similar fue el de Edwin Donayre. El excongresista de APP fue condenado en agosto de 2018 por robar gasolina en 2006, cuando integraba las filas del Ejército, y mantuvo su inmunidad por nueve meses, hasta mayo de 2019, cuando el Parlamento le retiró ese beneficio.

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El artículo 16 del Reglamento del Legislativo señala claramente que la inmunidad no protege al congresista por delitos cometidos antes de su elección. Pero esa vez se puso como excusa que los legisladores tienen una inmunidad de arresto y otra de proceso.

Donayre y Ríos pasaron a la clandestinidad gracias a la complicidad de ese Congreso, que con su mayoría fujimorista demoró deliberadamente sus procesos. Ambos fueron finalmente detenidos por la Policía, pero agudizaron aún más la desconfianza ciudadana sobre la inmunidad.

Según el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade, en la sesión de hoy se define si se mantiene o se levanta la inmunidad. “O la eliminamos o somos cómplices”, dijo a Perú21.

Inmunidad ¿para qué?

En la Inglaterra de 1700, los miembros de la Cámara de los Comunes gozaban de una inmunidad que les permitía la libertad de discurso y los protegía del arresto. Esta era una garantía para evitar una posible persecución del todopoderoso rey, acostumbrado a imponer sus decisiones y a no aceptar contradicciones.

Ese espíritu se replicó en los sistemas democráticos y lo mantienen vigente hasta hoy distintos países. Pero en el Perú ha llegado a deformarse.

Lo que discutirá la Comisión de Constitución es su eliminación total. La propuesta es reformar el artículo 93 de la Constitución, que estipula la aplicación de la inmunidad, y suprimir el tercer párrafo de la norma que prohíbe procesar a un legislador a menos que el Legislativo lo autorice.

Existe, no obstante, otro planteamiento para que sea un ente externo el que retire la inmunidad en caso el parlamentario enfrente procesos penales: en el bolo están la Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC).

Para los abogados Derik Latorre y Javier Alonso de Belaunde, esa protección legal debe conservarse porque blinda al congresista cuando ejerce su función de fiscalización.

“Antes de facultar a otra entidad el levantamiento de la inmunidad, debe determinarse con mucha claridad los alcances de esa protección; se debe reformar, sí, pero para defender la soberanía del Congreso”, argumentó Latorre.

De Belaunde, en tanto, consideró que el Legislativo ya no debe tomar más decisiones. “El problema acá es el Congreso, el TC es el órgano acostumbrado a dirimir atribuciones entre los poderes, es el especializado para esto”, dijo a Perú21. La idea es acabar con el blindaje, que para muchos congresistas parece ser una consigna.

Tenga en cuenta

-De acuerdo a un informe de Proética, entre 2006 y 2019 la Corte Suprema presentó 40 solicitudes de levantamiento de inmunidad al Parlamento y solo seis fueron aprobadas. Es decir, apenas el 15% de los requerimientos judiciales fueron aceptados.

-En el periodo 2006-2011, se enviaron 16 pedidos al Congreso. Solo 4 fueron aprobados en comisión, pero jamás se vieron en el Pleno por lo que quedaron archivados. En la legislatura 2011-2016, se formularon 14 requerimientos y solo 3 fueron aprobados.

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