En el informe se detalla los vínculos del fiscal supremo con el destituido exjuez César Hinostroza. (GEC)
En el informe se detalla los vínculos del fiscal supremo con el destituido exjuez César Hinostroza. (GEC)

¿Se salvará esta vez? La suerte del exfiscal de la Nación, , se encuentra en manos del Congreso y esta vez podría no correr la misma suerte del año pasado cuando su caso fue archivado.

¿A qué nos referimos? El congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) entregó ayer su informe sobre las cinco denuncias que pesaban sobre el aún fiscal supremo.

En el informe de 88 páginas, al que accedió Perú21, se recomienda acusar a Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento real contemplados en los artículos 317 y 405 del Código Penal.

En sus conclusiones, el documento recomienda la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry por diez años, por infracción a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú.

NO DENUNCIÓ
Sobre el primer delito se señala que el representante del Ministerio Público “habría promovido, organizado o integrado la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Del mismo modo, menciona que Chávarry, en su condición de fiscal de la Nación, omitió denunciar constitucionalmente “a quien otrora habría sido un cercano amigo”, el destituido juez César Hinostroza, “por el cargo de organización criminal”.

El delito de encubrimiento real hace referencia a la remoción de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, a fines de diciembre de 2018, en una fecha próxima a la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con los brasileños.

Ante los actos de protesta de la población, Chávarry tuvo que rectificarse y reponer en sus cargos a ambos fiscales.

El documento desestimó acusarlo por el delito de encubrimiento personal. Señala que acciones como pedirle al fiscal Vela información sobre las investigaciones “estuvieron direccionadas a mermar directa o indirectamente la labor realizada por el equipo especial”; sin embargo, “no constituyen la sustracción de las personas investigadas en el caso cocteles (Fuerza Popular)”.

Señala, además, que “los actos perpetuados contra el equipo especial no solo contribuyeron a la deslegitimación social de la institución, sino que proyectaron una imagen de disociación al interior del Ministerio Público y con ella una evidente inestabilidad”.

Esto se suma, explica, a los estrechos vínculos de Chávarry con personajes encargados de perpetuar sistemáticamente delitos contra la administración pública.

A DEBATE
El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (FP), indicó que tras la presentación de este informe se amplió la agenda para este lunes a fin de ponerlo a debate.
“Después de eso, la Comisión Permanente deberá convocar a una sesión para revisar el caso”, afirmó.