Informe recomienda destitución y suspensiones a tres magistrados del Tribunal Constitucional

Escrito será debatido mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Eloy Espinosa-Saldaña

Eloy Espinosa-Saldaña debe recibir la sanción más drástica, según el informe del congresista Segura.

Eloy Espinosa-Saldaña debe recibir la sanción más drástica, según el informe del congresista Segura.

(Piko Tamashiro)

Redacción PERÚ21
Redacción PERÚ21

La suerte de tres de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), acusados de cambiar el voto del jurista Juan Vergara Gotelli en el fallo del caso El Frontón, parece estar echada. Con fecha 11 de diciembre el congresista fujimorista César Segura, encargado de elaborar el informe sobre la acusación constitucional, presentó el escrito final en el que recomienda drásticas sanciones.

El más afectado es Eloy Espinosa-Saldaña. En su caso se lo acusa por infracción constitucional y se recomienda “las sanciones de destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

También se le acusa “por delito de función (…) por la presunta comisión del delito de prevaricato ,tipificado en el artículo 418 del Código Penal”.

En los casos de Marianella Ledesma y Carlos Ramos Núñez “se recomienda la suspensión por 30 días, que debe ser ejecutada durante el periodo de receso del TC a fin de no afectar el funcionamiento de este órgano constitucional”.

Se exhorta a ambos, además, a un “mejor complimiento de las funciones, responsabilidades y deberes propios del alto cargo que se le ha encomendado”.

A estos tres magistrados se les acusa de vulnerar los artículos 38 y 139, incisos 2, 3 y 13 de la Constitución Política del Perú.

En tanto, el informe recomienda archivar la denuncia por infracción constitucional presentada contra el presidente del TC, Manuel Miranda “en razón de la conducta mesurada y serena demostrada en el contexto del presente caso”.

Se archiva, además, la denuncia por el delito de prevaricato contra el mismo Miranda, y contra los magistrados Ledesma y Ramos Núñez.

Según especifica el Reglamento del Congreso, el informe del congresista Segura deberá ser votado en una audiencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde “será debatido y aprobado o rechazado”.

De ser aprobado, el informe “debe ser remitido a la Comisión Permanente” y su presidente remite dicho escrito a todos los miembros. No antes de los dos días útiles siguientes, convoca a una sesión en la que se votará y decidirá si se acusa a los magistrados ante el Pleno.

“Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación –como es este caso- la votación se efectúa en forma separada por cada uno de los denunciados”, indica el Reglamento del Congreso.

En caso de decidir acusar a uno o más magistrados ante el Pleno, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión Acusadora “integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos por su presidente al momento de presentar el informe final”.

Tras sustentar este informe en el Pleno, los 130 congresistas votan y deciden la destituciones o suspensiones propuestas para los magistrados del TC.

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