Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará el informe final que recomienda la acusación constitucional contra Edgar Alarcón (GEC).
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará el informe final que recomienda la acusación constitucional contra Edgar Alarcón (GEC).

El informe final preparado por la congresista (Descentralización Democrática) en torno a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, , contra el congresista (UPP) recomienda que el excontralor sea acusado por antejuicio político por el delito de enriquecimiento ilícito agravado.

El informe, al que tuvo acceso Perú21, asegura contar con “indicios suficientes” sobre la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito que ameritan que la Fiscalía formalice acción penal contra el parlamentario. Dichos medios de prueba son las diversas pericias financieras y contables del congresista de UPP.

Para llegar a esta conclusión, el informe de la parlamentaria Tocto se basa en que Alarcón registra un presunto desbalance patrimonial por S/201,337.24 correspondiente al periodo entre el 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017, es decir, cuando Alarcón ejercía el cargo de contralor general de la República.

Asimismo, se halló que el legislador habría recibido un depósito financiero de “origen desconocido” por S/275,644.90.

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Este resultado se obtuvo a partir del análisis de los ingresos de fuente lícita y acreditada por el congresista en el periodo precitado. Se comparan sus ingresos de S/687,826.37 contra sus egresos (S/889,163.61).

Para determinar otras irregularidades, se advirtió otros desbalances en torno a los gastos de Alarcón sobre la adquisición de 90 autos de alta gama (marcas BMW, Audi y Jeep) entre los años 2002 y 2015.

Estos hechos configurarían el delito de enriquecimiento ilícito, según el informe. Se advierte que, por presuntamente realizarse en el periodo en que Alarcón fue contralor de la República, ello constituiría una agravante.

“Se ha podido prever indicios reveladores que conllevarían a asumir que existe un incremento patrimonial del denunciado que sería atribuible al abuso del cargo público”, precisa el informe.

Asimismo el texto señala que “es factible recoger la tesis del cuando indica que Alarcón en su condición de contralor, no estaba sujeto a subordinación, autoridad o dependencia alguna en el ejercicio de su función. (...) por ello le asistían deberes respecto al patrimonio de la entidad a la cual representaba donde válidamente podría concluirse que el incremento patrimonial podría obedecer al abuso del alto cargo funcional que ostentaba”.

“Se mantiene una recomendación de resolución acusatoria contra el denunciado, lo que promovería que se continúen con las investigaciones y el juzgamiento en sede judicial”, indica el informe final.

Este documento será expuesto por la congresista Tocto (Descentralización Democrática) mañana (8 a.m.) ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La sesión ya se encuentra en agenda del grupo de trabajo que preside Carlos Pérez (Acción Popular).

En caso sea aprobado por mayoría, será sometido a votación ante la Comisión Permanente. Luego de ello, pasará al Pleno en donde se decidirá si procede el antejuicio contra Edgar Alarcón. Para ello se requiere la mayoría simple. De ser así, la Fiscalía continuará con la investigación del caso en sus respectivos fueros.

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