Alberto Fujimori
Alberto Fujimori

El ex mandatario, , que venía cumpliendo una condena de 25 años por los delitos de asesinato, lesiones, secuestro, peculado, corrupción y desvío de fondos, recibió el indulto humanitario el 24 de diciembre del año pasado por parte del presidente .

Once días después abandonó la clínica Centenario, donde estaba internado, para alojarse en una casa en La Molina. En estos días, muchos se han preguntado si el indulto, además de perdonar la pena, le restituye todos los beneficios que recibiría en su calidad de ex presidente. Es decir, si puede acceder a una pensión vitalicia (S/.15.500 al mes), a un seguro privado, un asistente personal (cuyo sueldo no exceda los S/.3.800), entre otros. Esto último lo financiaría el Congreso.

BENEFICIOS PRESIDENCIALES

Según el abogado penalista, Carlos Caro, si bien el indulto perdona la pena, este no implica que desaparezca el delito. Por lo tanto, señala que lo que impediría que el ex mandatario Fujimori acceda a los beneficios serían las acusaciones constitucionales que pesan sobre él. Como se recordará, en el 2000 luego de que se destaparan los escándalos de corrupción a partir de la publicación de los vladivideos, Fujimori fue acusado y posteriormente vacado por el Congreso por la causal de incapacidad moral permanente.

El artículo 2 de la Ley 26519 señala que la pensión se suspende en caso los ex presidentes estén acusados constitucionalmente, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes. Pero, Fujimori fue hallado culpable en los casos por los que fue acusado (y autorizado por Chile según el pedido de extradición).

En declaraciones al diario El Comercio, el ex ministro de Justicia, Aldo Vásquez, sostuvo que la razón de ser de los beneficios se da en el marco del ejercicio de la presidencia, pero “quien por sus propios actos se ha puesto al margen de ese estatus jurídico, entonces, no le corresponde ello”.

Sin embargo, con una opinión distinta, el constitucionalista, Víctor García Toma, señaló que solo debería restringírsele la pensión vitalicia al ex jefe de Estado. Pero sobre los demás beneficios (seguridad privada, resguardo policial, asistencia personal, préstamo de vehículo e incluso el combustible), precisó que sí sería viable reconocérselos.

“Ni la sentencia ni el indulto pueden desconocer que es un ex presidente y esa condición lo coloca en un grado de vulnerabilidad en su seguridad personal y en su integridad”, agregó.

REPARACIÓN CIVIL

Si bien el indulto humanitario perdona la pena en función de la salud del reo (presuntamente en riesgo por condiciones carcelarias que agravan la enfermedad que padece), esta gracia presidencial no incide en el pago pendiente de la reparación civil. Es decir, Fujimori debe indemnizar al Estado peruano con un monto ascendente a más de S/.51 millones.

El alquiler de la casa ubicada en La Molina, en la que está viviendo Fujimori, bordea los US$5.000 al mes. Esto generó que muchos se preguntaran sobre cómo era posible que pagara dicho monto si aún no ha pagado la reparación. La respuesta que dieron miembros de la bancada de Fuerza Popular fue que el financiamiento está a cargo de un ‘grupo de amigos’ militantes del partido.

De acuerdo con Caro, se trataría de una manera de sacarle la vuelta a la ley. Frente a ello, señala que para garantizar la reparación podría embargarse un determinado porcentaje de dicha ‘donación’.

“Si los militantes quieren suspender el flujo [‘donación’], no se les puede obligar a seguir donando, pero mientras continúen financiando dicha casa, se puede –y se debería- embargar cierto monto de ese ingreso”, sostuvo.

Por otro lado, Fujimori solicitó el 13 de junio de 2017 su pensión de cesantía a la Universidad Agraria donde fue rector. Según dicha casa de estudios, la pensión del ex presidente ascendía a S/2.728.

Conforme al artículo 648 del Código Procesal Civil, las pensiones se pueden embargar cuando exceden las 5 URP (unidad de referencia procesal). Esto es, S/2.025. Según fuentes del diario El Comercio, la Procuraduría ya ha solicitado embargar una tercera parte del excedente de la pensión de Fujimori.

Con respecto a la reparación civil que mantiene el ex presidente con las víctimas del caso Barrios Altos y La Cantuta, el especialista señaló que los deudos podrían exigirle la indemnización al Estado porque los delitos cometidos por Fujimori se dieron en el ejercicio de sus funciones como Presidente de la República. Esto, sin embargo, implicaría iniciar un juicio contra el Estado, algo que aún no han realizado.

“Cuando alguien fue funcionario público [presidente de la República en este caso], su responsabilidad civil se extiende al Estado”, detalló.