Indecopi va por las empresas del Club de la Construcción

Treinta y cinco empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos se encuentran bajo la lupa de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi debido a los indicios razonables que muestran que –entre noviembre de 2002 y diciembre de 2016– existió una concertación para no competir en el mercado y repartirse 112 obras cuyo monto supera los 13 mil millones de soles.

Entre las constructoras figuran varias de las que participaron en el llamado Club de la Construcción, como las empresas brasileñas Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao S.A. y Camargo Correa, que también son investigadas por la Fiscalía en el caso Lava Jato.

De acuerdo al Indecopi, estas compañías acordaron repartirse diversas licitaciones convocadas por Provías, que depende del Ministerio de Transportes, para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras a nivel nacional.

Por este motivo, se les ha abierto un proceso administrativo sancionador sobre el cual tienen 30 días hábiles para formular sus respectivos descargos.

“La presunta infracción investigada habría distorsionado las condiciones en las que se adjudicaban dichas obras públicas a nivel nacional, generando que el Estado incurra en mayores gastos. La suma de los valores referenciales de las 112 obras objeto de investigación fue superior a los 13 mil millones de soles”, precisó la entidad.

MULTAS

En declaraciones a Perú21, el experto en Derecho Administrativo Christian Guzmán Napurí explicó que el proceso iniciado por el Indecopi puede prolongarse varios meses.

Añadió que, en caso de comprobarse que las empresas incurrieron en prácticas anticompetitivas, “estas serían sancionadas con multas que podrían ser muy elevadas”. El monto, indicó, se fija tomando en cuenta determinados criterios, como el perjuicio provocado al mercado.

Datos:

- El Indecopi tiene en su poder documentos, declaraciones y correos electrónicos como evidencia, y que fueron obtenidos durante la investigación realizada.

- El proceso también alcanza a Graña y Montero, Upacá, y Cosapi. La primera aclaró que la resolución “no comprende a ningún funcionario actual de la empresa”.