El juez Richard Concepción declaró fundado el pedido de la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato para incluir como terceras civiles responsables a las firmas brasileñas que se consorciaron para ejecutar el tramo IV de la Carretera Interoceánica Sur, proyecto que investiga la Fiscalía al estar de por medio en el pago de presuntos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.
El magistrado desestimó el requerimiento de las empresas Intersur Concesiones, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, que apelaron al principio de literalidad para señalar que la Procuraduría no está habilitada —mediante decretos y disposiciones— para pronunciarse sobre compañías que no fueran la también brasileña Odebrecht. Para Concepción, no obstante, sí tiene competencia legal en este caso.
En ese sentido, el juez acogió el argumento de la procuradora respecto a que existen evidencias para señalar que el ex directivo de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley, negoció a nombre de la compañía y del consorcio Intersur el pago de presuntas coimas para Toledo, con el fin de lograr la adjudicación de la obra.
“La gestión que hizo de Moura fue presuntamente ilícita, para tener la adjudicación en beneficio del consorcio y de las tres empresas que la conformaron”, dijo Concepción Carhuancho en la audiencia.
De acuerdo a la Fiscalía, el consorcio habría pagado los sobornos al prófugo ex mandatario a través de empresas que pertenecían a su amigo Josef Maiman.
Con esta decisión judicial, el Estado se asegura que las empresas en cuestión paguen una reparación civil si hallan responsabilidades penales por el daño causado.