Redacción PERÚ21

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La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de US$37 millones y más de S/1 millón 608 mil en la construcción del tramo IV de la Carretera Interoceánica, vía que atraviesa las localidades de Inambari y Azángaro, en Puno, y que estuvo a cargo de un consorcio liderado por la firma .

El Ministerio Público investiga los presuntos pagos de sobornos que habría desembolsado el privado para hacerse de la IIRSA. En este proceso se imputa al .

Como resultado de una auditoría de cumplimiento, realizado entre agosto 2005 y abril de 2017, se identificó como presuntos responsables (civil, penal o administrativo) a 32 funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran.

Entre las observaciones halladas figura el incremento de los gastos generales del 27% a 35.5 %, de acuerdo a las adendas aplicadas al proyecto entre los años 2009 y 2011, periodo de gobierno del ex presidente Alan García. Estos incrementos se realizaron sin justificación técnica y ocasionaron un perjuicio económico por más de US$26 millones.

Otra de las observaciones señala que el Ositran valorizó y el MTC reconoció al concesionario las obras en el farallón rocoso 'Dedo de Dios', distintas a las previstas en el estudio de ingeniería aprobado, ocasionando un pago mayor a los US$3 millones.

El informe de auditoría indica, además que se realizaron obras sin estudios de suelos y diseños de drenajes. Debido a ello, se produjeron derrumbes e inestabilidad de taludes.

Estas situaciones -anotó el informe de auditoría- no fueron observadas en su oportunidad por el Ositran, y los costos por eliminación de derrumbes y descargas de taludes fueron asumidas por el MTC. Se determinó un perjuicio económico superior a los US$3 millones 600 mil.