El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, recordó que también han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. (Fotos: Mario Zapata / GEC)
El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, recordó que también han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. (Fotos: Mario Zapata / GEC)

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

El abogado de , Humberto Abanto, dijo que es una decisión política que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no haya trasladado a su defendido desde el penal Ancón I al centro de reclusión Miguel Castro Castro.

"Vemos que hay dos velocidades aquí: una velocidad para quienes atacan a los procesados, que es rápida, y una lentitud pasmosa cuando se trata de respetar sus derechos", señaló en una entrevista a Canal N.

Humberto Abanto manifestó que el INPE, pese a tener conocimiento de la resolución que declaró nula la orden judicial para cambiar de penal a , no acata la disposición por decisión política.

"El responsable es el ministro (Vicente) Zeballos, sin ninguna duda. Este es un caso político. (..) En un caso de tan alto contenido político como esta investigación de Fuerza Popular, (...) si Zeballos sabe que hay una orden que dispone restaurar el derecho de un procesado y no llama al jefe del INPE pidiendo que reaccione como corresponde, (...) tiene un problema de hemiplejía", indicó el abogado.

De otro lado, el abogado de aseguró que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional similar al hábeas corpus planteado en favor de Keiko Fujimori.

"(La decisión del TC sobre Keiko Fujimori) impactará necesariamente en nuestro caso. Va a haber un manejo analógico. Creo que el TC tiene una línea muy clara marcada en la sentencia -Nadine Heredia, donde se establecieron las condiciones que deben reunirse para que alguien sea privado de la libertad. En mi opinión, esas condiciones no se alcanzan en los casos (de Fuerza Popular)", manifestó Abanto.

Humberto Abanto, junto a los abogados de , Pier Figari y Luis Mejía Lecca, participó en la audiencia en la cual la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó las casaciones planteadas para que se anulen las prisiones preventivas contra estos investigados. El 9 de agosto los jueces supremos darán a conocer su decisión.