(Foto referencial: GEC)
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La resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo no deja dudas. La huelga general indefinida convocada por la para hoy jueves a nivel nacional es improcedente. ¿La razón? Sus motivaciones “no guardan relación con la defensa de los derechos ni con los intereses socioeconómicos de los trabajadores comprendidos en la medida de fuerza”.

Y es que los argumentos esgrimidos por la central sindical son de carácter político: denuncia una supuesta “criminalización de la protesta mediante el poder mediático”; acusa que hay una “persecución política contra líderes sindicales y sociales” basándose en que en un reportaje televisivo se cataloga como violentistas las manifestaciones; reclama la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, adelanto de elecciones y un referéndum constituyente; entre otros.

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CAMINO A LA ILEGALIDAD

El abogado laboralista Ricardo Herrera explicó a Perú21 que al haber sido declarada ya por el Ministerio de Trabajo como improcedente, si los afiliados de la CGTP la acatan, la medida de fuerza podría ser declarada ilegal y eso conllevaría una serie de medidas que afectaría directamente a los trabajadores.

“Ya varios sindicatos afiliados habían comunicado a los empleadores del sector privado que se iban a acoger a la huelga. Con esta medida, sin embargo, dudo mucho que se acojan y tenga éxito; creo que la huelga ha fracasado antes de empezar”, comentó.

Añadió que la resolución reconoce que sí es posible una huelga política siempre y cuando tenga vinculación con los intereses socioeconómicos de los trabajadores en huelga. “Eso se daría, por ejemplo, cuando un gobierno no sube el sueldo mínimo hace años, eso tiene relación directa con los trabajadores, pero no es el caso”, aclaró. En ese contexto, Herrera explicó que los trabajadores que acaten la medida de fuerza a pesar de haber sido declarada improcedente, no solo perderán el sueldo de cada día no trabajado sino que podrían sufrir amonestaciones y suspensiones.

NO ACATARÁN

Ayer, en tanto, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y Actividades Afines (Fetraccaap) confirmó que sus afiliados –que en Lima son unos 200 mil y un millón a nivel nacional– no acatarán la medida de fuerza. “Somos contrarios a que nuestros trabajadores paralicen sus actividades. La medida tiene una motivación ajena a los principios de representación sindical; es un tema político que no podemos entender”, dijo el secretario general adjunto, Ricardo Aliaga.

Al respecto, el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, Guido Valdivia, sostuvo que “no es un buen momento para paralizar actividades económicas” y más bien se debe impulsar el diálogo entre los políticos. “La agenda (de la CGTP) es política, no hay reclamo de carácter laboral. Los trabajadores están tratando de recuperar lo que se perdió en pandemia, muchos preferirán continuar con sus labores”, indicó.

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