Hubo intromisión de la Fiscalía en la operación ‘Camaleón’

En nuestra nota de ayer, bajo el título "¿Un agente especial abatió a 'Alipio' y 'Gabriel' en el Vraem?", dimos a conocer detalles desconocidos hasta la fecha del operativo militar-policial 'Camaleón' que pusieron en tela de juicio la versión oficial proporcionada el 12 de agosto del 2013 por el ex presidente Ollanta Humala.

Este episodio tiene una segunda parte, consignada en diversos documentos de la Fiscalía a los que Perú21 tuvo acceso. Se trata del cambio repentino de la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga Silva, quien tenía a cargo las investigaciones del caso (denominado Eclipse Vraem).

Ella fue reemplazada por la magistrada supraprovincial de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano, quien labora a más de 850 kilómetros de la base militar de Pichari, lugar donde se instaló el centro de operaciones que se usó para abatir a 'Alipio' y 'Gabriel'.

Aguilar fue trasladada hasta ahí en un helicóptero con el único propósito de dar legalidad a la acción militar que acababa de ocurrir.

Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2013, cuando los agentes antidrogas recibieron la llamada del 'agente especial' Francisco Morales Acevedo 'Francisco', en la que informó que 'Alipio' estaba camino a su vivienda, en el poblado de Pampas Vista Alegre, hechos que fueron reportados a la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga, y al Comando Especial (CE) Vraem.

Tras conocer esto, Zuzunaga convoca a una reunión de urgencia para definir detalles con el CE Vraem. Sin embargo, en lugar de encontrar facilidades, su labor fue entorpecida por el comando, quien le informó que el plan de operaciones 'Camaleón' había sido clasificado como secreto, negándose a proporcionarle información. La fiscal quedaba así fuera de la escena.

La fiscal antidrogas decidió insistir y en otra resolución dispuso que el fiscal supraprovincial de Pichari, Alfredo Casavilca, sea quien la reemplace en la investigación por la proximidad al lugar de los hechos y por la competencia jurisdiccional.

El día del operativo, el 11 de agosto del 2013, entre los tripulantes de los dos helicópteros que partieron a Pampas Vista Alegre no hubo ningún fiscal, según un colaborador de este diario y fuentes de la Fiscalía.

Explicaron que esto se puede corroborar con el registro de vuelos de aquella fecha y la relación de personas que fueron trasladadas a la zona de operaciones.

Los cadáveres carbonizados llegaron a la base militar de Pichari a la primera hora del lunes 12 de agosto. Los militares y policías entorpecieron la participación del fiscal Casavilca.

Zuzunaga no accedió a ningún tipo de comunicación sino hasta las 2 de la tarde, cuando el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva la llamó por teléfono para indicarle que la fiscal de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano, iba a asumir la responsabilidad de las operaciones. Este episodio fue narrado por la propia Zuzunaga en la Resolución Fiscal N° 6.

En el mismo documento, se consigna que los militares trasladaron –14 horas después de producido el hecho– en helicóptero desde Huánuco hasta Pichari a la magistrada Aguilar y desde Lima a un equipo de biólogos forenses de la Fiscalía. Los ciudadanos y los medios de prensa que llegaron a Pampas Vista Alegre no tienen registro de actividad fiscal realizada en la misma escena del crimen.

En la resolución, del 1 de mayo del 2015, Zuzunaga da cuenta de la irregular actuación de su colega de Huánuco, policías y militares a cargo del operativo. Ahí puso en evidencia que la declaración que dio ante ella –tras el operativo– el agente especial Francisco Morales Acevedo fue inconsistente con la forma en que se habrían producido los hechos.

La magistrada dio cuenta de todo esto al fiscal Cubas Villanueva, quien no se pronunció. Zuzunaga derivó copia de todos los actuados a la Policía, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para que investiguen la actuación irregular de los policías, militares y de la fiscal Eneida Aguilar. Nada de esto ocurrió.