Por disposición del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hoy en la sesión del Pleno que se inicia a las 9 a.m., se debatirá el pedido de reconsideración que presentó Nuevo Perú contra la aprobación de la cuestionada autógrafa que incorpora en el Código Penal el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos.
Si la reconsideración prospera, la norma podría volver a las comisiones de Justicia y Constitución para un mayor análisis, tras las críticas que ha recibido de legisladores, expertos e instituciones.
El propio Daniel Salaverry calificó de “nefasta” la iniciativa, aprobada por Fuerza Popular (FP), Apra y siete miembros de Peruanos por el Kambio (PpK). Desde el Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra adelantó que observaría la norma porque, tal como está, afectaría la lucha contra la corrupción.
El politólogo Fernando Tuesta consideró que la ley está hecha para las circunstancias y beneficio de algunos. Hasta el momento, Fuerza Popular y el Apra afrontan investigaciones por presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales. “Todos han pensado en su partido. No hay ninguno que haya pensado en un bien superior, en aras de mejorar las normas. Pero no creo que solo ellos. Muchos partidos en su condición harían lo mismo”, dijo Tuesta a este diario.
Uno de los puntos más criticados de la autógrafa es que permite que las opiniones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) liberen de responsabilidad penal y administrativa a los partidos.
“Es una ley que crea figuras como la del oficial de cumplimiento, que simplemente opera si el partido quiere. Entromete a la ONPE al liberar a los partidos luego de un informe de esta institución. Con esto se limita la acción del Ministerio Público”, sostuvo.
Para Tuesta, la norma debe retornar a comisiones porque es “confusa y está mal hecha”. “Creo que el financiamiento ilegal a partidos debe tipificarse, pero se necesita un análisis amplio porque no es sencillo hacerlo con un sistema partidario conformado por organizaciones informales”, dijo.
La opción del TC
El pedido de reconsideración necesita más de 65 votos para prosperar. A pesar del apoyo que recibirá de cinco bancadas, entre ellas PpK, los votos no alcanzan sin el respaldo de FP y el Apra. Ambas bancadas no han adelantado el sentido de sus votos al asegurar que esperan conocer en el Pleno los cuestionamientos.
Ante esta circunstancia, el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) indicó que otra alternativa sería interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la norma si llega a promulgarse por insistencia. “Es una ley que atenta contra la seguridad jurídica y el debido proceso. También porque se busca alterar procesos que ya están en curso, como se ha advertido”, indicó.