La Contraloría informó que hasta el 31 de julio del 2018 se registró a un total de 967 funcionarios públicos que recibieron, como sanción, una suspensión o inhabilitación temporal de no trabajar en el Estado por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves.
Según informó, la lista de regiones con el mayor número de funcionarios y servidores sancionados es encabezada por Lima con 171 casos debido a que concentra el mayor número de entidades públicas.
En el listado le siguen Cajamarca (90), Lambayeque (76), Tumbes (63), Arequipa (57) y Ayacucho (52).
De otro lado, la Contraloría reveló que las entidades con el mayor número de sancionados fueron el Gobierno Regional de Tumbes, con 28 casos; el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría en Tumbes, con 25; el Gobierno Regional de Pasco, con 21; y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con 20.
Cabe anotar que las infracciones administrativas generan sanciones por un plazo de 30 hasta 360 días o inhabilitaciones hasta cinco años.
Asimismo, la Contraloría aseguró que notificó a los titulares de todas las entidades públicas del país para que puedan ejecutar las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores contra funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.
También detalló que el número de sanciones vigentes inscritas a los 967 funcionarios son, en total, 1,032 ya que 49 de estos trabajadores públicos cuentan con dos o más sanciones administrativas.
Todas estas sanciones de suspensión e inhabilitación se encuentran inscritas en el registro de sancionados de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal de la Contraloría como parte de la política de transparencia de esta entidad.