Graña y Montero reconoció culpabilidad en el caso Gasoducto del Sur

La solicitud enviada por Graña y Montero (GyM) a la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para iniciar una demanda de arbitraje contra el Estado peruano, y que se hizo pública hace dos semanas, provocó sorpresa y tensión en el equipo especial de la Fiscalía.

La compañía peruana llevaba casi seis meses acogida al proceso de colaboración eficaz y, sin comunicárselo a los fiscales, pretendía demandar al Estado por el caso Gasoducto del Sur.

Perú21 conoció que GyM explicó en una reunión al líder del equipo especial, Rafael Vela, que con su recurso buscaba que se le devolvieran los tubos con los que se construiría el oleoducto.

Los materiales de la obra –actualmente paralizada– se encuentran custodiados por el Estado. Y nadie más dispone de su posesión, ni las compañías del consorcio que los adquirieron para cumplir con la ejecución del proyecto (Odebrecht, GyM y Enagás).

Desde 2017, la empresa Estudios Técnicos S.A.S. es el administrador contratado por el Osinergmin para cuidar la maquinaria.

Luego del reclamo, Vela les comunicó al abogado de GyM, Gonzalo del Río, y al gerente general, Luis Díaz Olivero, que si no se desistían de la demanda, el acuerdo de colaboración no prosperaría y eso conllevaría emprender investigaciones penales.

Dos reuniones fueron suficientes para que las partes, incluida la Procuraduría ad hoc, alcanzaran acuerdos. En una tercera cita se firmó un acta de entendimiento.

Según las fuentes, GyM reconoció delitos en cinco casos: Gasoducto, Interoceánica, ‘club de la construcción’, Metro de Lima y ‘certificados de avance de obra emitidos por Ositran’.

A cambio, la Fiscalía se comprometió a concluir la colaboración eficaz en 60 días. El procurador Jorge Ramírez, en tanto, procederá a calcular el monto de reparación civil que exigiría a la firma.

DATOS

* Perú21 se comunicó con Gonzalo del Río, abogado de GyM, quien no quiso dar más detalles del acuerdo celebrado con la Fiscalía. Solo se remitió al hecho de importancia que envió la empresa a la Superintendencia de Mercado de Valores.

* En esa comunicación, la compañía indica que se ha suscrito “un acuerdo preliminar” con el Ministerio Público en el que se establecen los términos y condiciones generales para un acuerdo de colaboración eficaz definitivo.

*GyM desistió de emprender una demanda ante el CIADI.