Gustavo Guerra-García: "La reserva moral está en cuestión"

La situación legal de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán se agrava luego de que ayer se le impusiera un impedimento de salida del país por las revelaciones del caso Lava Jato. Gustavo Guerra García, funcionario de la gestión edil de Villarán, comenta el caso en esta entrevista.

¿Cuál es su primera impresión de la medida restrictiva impuesta a Villarán?
Espero que la Fiscalía actúe de una manera no sesgada. La solicitud de la Fiscalía debe tener un grado de razonabilidad, pero también hay indicios de que Marcelo Odebrecht ha financiado las campañas de Alan García y Keiko Fujimori, y debería tratarse a todos por igual. En principio, me parece bien que la ex alcaldesa haya ido a la audiencia y se haya puesto a derecho.

¿Cree que los hechos que le imputa la Fiscalía a Villarán se ajustan para aplicar el impedimento de salida del país?
Los argumentos principales son de dominio público. Desconozco lo que dijo la Fiscalía hoy (ayer). Los hechos son que las versiones de Susana Villarán y de José Miguel Castro se contradicen con las de Valdemir Garreta y Jorge Barata. Por lo tanto, le toca a la Fiscalía determinar quién dice la verdad, sobre la base de las pruebas que los candidatos a colaboradores eficaces tienen que entregar. Eso supongo que ellos lo tendrán porque no creo que tengan interés en perder la reducción de pena que les pueden dar en Brasil.

Se han conocido aportes fantasmas en la campaña del No y reuniones de Villarán en el municipio con directivos de empresas brasileras, lo cual ella había negado.
El problema es el mismo: el financiamiento ilícito de las campañas, lo cual creo que ningún partido debería encubrir y sobre lo que debe legislar el Congreso. El millón 600 mil soles, que es la información que la alcaldesa y su equipo de campaña nos dijo que habían recibido para la campaña, obviamente está en cuestión por las declaraciones de Garreta y Barata que dicen que es mucho más. Si eso es así, es lógico que tendría que haber aportes fantasmas. Lo otro es que la Fiscalía tendrá que investigar si solo hubo financiamiento o si hubo condicionamiento en la actuación del gobierno.

¿Quiénes conformaban el equipo que manejaba los recursos de la campaña?
Ese es el meollo de la investigación. Lo que nosotros siempre hemos manejado, porque es lo que nos han dicho, es que Anel Townsend era la jefa de la campaña, que a su lado había una ONG o asociación civil que se llamaba algo como “Los amigos de Lima por el No” y que esta era la que recibía los fondos de la campaña. Todos entendíamos que esos fondos eran el millón 600 mil soles que se reportaron al Pacto Ético.

Pero hubo rostros visibles en esa campaña. Estaban usted, Marisa Glave, Eduardo Zegarra, Anel Townsend...
Yo no era el rostro visible de la campaña del No. Yo solo era funcionario municipal, vicepresidente de Invermet y miembro del directorio de Protransporte. Yo participé en el grupo de funcionarios de la municipalidad que coordinábamos para responder los ataques de la gente del Sí a la gestión municipal. A mí Susana me excluyó del comando de la campaña del No bajo el argumento de que yo no podía hacer la reforma del transporte urbano y participar o conducir la campaña del No. Susana tomó dos decisiones: 1) manejar la campaña por fuera del partido y 2) que los funcionarios públicos no entraran en esa campaña.

¿Usted nunca dudó del origen del dinero que ingresó a la campaña?
En el partido se acordó que Anel Townsend era una persona que podía conducir la campaña del No. Yo, personalmente, estuve de acuerdo en que ella se encargue de la campaña. Creo que hizo un buen trabajo, pero eso ahora está empañado porque se infiltraron recursos.

¿Está convencido de que se infiltraron recursos de empresas brasileras?
Estábamos convencidos de que la campaña costó S/1.6 millones. Eso es lo que nos informaron, eso es lo que creímos y nos pareció muy razonable.

¿Se siente engañado?
El problema no es que me han engañado a mí. El tema es que tenemos dos versiones distintas. Yo no digo que hay infiltración en la campaña, lo que digo es que eso es lo que está en cuestión. El discurso de Susana Villarán fue el mismo en público y en privado. ¿Hoy qué está ocurriendo? Que hay indicios y evidencias de que lo que dijo en realidad no fue así. Eso genera dos problemas graves: 1) la falta de credibilidad y 2) pone en cuestión los contratos que se hicieron con estas empresas con posteridad al aporte que dieron para la campaña. No se puede recibir aporte de gente que son tus administrados.

¿Usted cree en la palabra de Susana Villarán?
Yo no creo que Susana Villarán se haya aprovechado. Yo no creo que ha recibido un soborno porque vive en condiciones extremadamente austeras, pero tiene que explicar quiénes se encargaron de las finanzas para ver quién permitió que estos recursos ingresen a la campaña y generen los problemas terribles que está generando para la alcaldesa, para Fuerza Social, para toda la izquierda y, en general, para toda la clase política, incluida una de las pocas reservas morales faltantes. Hoy se completa un círculo de que todos los actores políticos están empañados y bajo sospecha.

¿Esta reserva moral de la que habla ya no existe?
En la medida que no hay una explicación clara que satisfaga a todas las partes, obviamente, por lo menos, esa reserva moral está en cuestión. Pero, bueno, la palabra final la tiene la Fiscalía.

Tenga en cuenta

- Gustavo Guerra García es experto en inversión pública. Fue presidente de Protransporte, vicepresidente de Invermet y viceministro de Transportes y Comunicaciones.

- “Yo sí creí que el informe que entregamos al Pacto Ético era correcto. S/1.6 millones era un montón de plata, pero no teníamos por qué no creer en la alcaldesa Susana Villarán”, declaró.

- Propone que las firmas brasileras “nunca más operen en el Perú y que el sistema político se purgue para tener un renacer”.